Viernes 19 DE Julio DE 2019
Opinión

Iniciativa de reforma de la Ley de Amparo

Se propone restringir el amparo.

 

Fecha de publicación: 05-06-17
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

Próximamente, en el Congreso se iniciará la discusión de un nuevo proyecto de reforma a la Ley de Amparo (Iniciativa 5299), mediante la cual, bajo el socorrido argumento de impedir el abuso del amparo por parte de los gobernados, se propone restringir esta garantía procesal constitucional que tienen las personas de acudir ante un tribunal, para que se le restituya en el goce de sus derechos cuando estos fueren amenazados o violados por alguna autoridad.

Nuestra Constitución establece que no hay ámbito que no es susceptible de amparo y procede siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes emanados de autoridad lleven implícitos amenazas, restricciones o violaciones a los derechos fundamentales. De suerte que el amparo, que es inherente al derecho de defensa, es irrestricto y de amplio espectro.

En dicho proyecto de ley se establece un sistema escalonado de sanciones para los abogados auxiliantes de los amparos, cuando el tribunal de amparo declare que la acción de amparo es frívola e improcedente, declaración que siempre se hace cuando se rechaza un amparo. Las sanciones propuestas son: 1) Multa equivalente a 2 salarios mínimos vigentes para actividades económicas no agrícolas, la primera vez; 2) Multa de 4 salarios mínimos, la segunda ocasión; 3) Multa de 5 salarios mínimos, la tercera vez, y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados deberá suspender temporalmente al abogado auxiliante; y 4) El incumplimiento del pago de las multas inhabilita al abogado para ejercer su profesión en el ámbito de la jurisdicción constitucional.

Al respecto, tengo algunas observaciones pertinentes: 1) En el proyecto no se indica si se refiere a amparos interpuestos dentro de un mismo asunto o litigio, por lo que se asume que los abogados durante todo su ejercicio profesional solo pueden auxiliar 2 amparos que se declaren frívolos o improcedentes, sin que su ejercicio profesional sea suspendido, lo que, además de una tropelía, es una insensatez; 2) Las multas aplicables a los abogados son altamente gravosas, por lo que el acceso a la jurisdicción constitucional se restringirá por razones económicas, lo que contraviene el principio de que el acceso a la justicia debe ser irrestricto y gratuito; 3) Dado que el abogado lógicamente pedirá a su cliente que le anticipe el monto de la multa antes de elaborar y presentar el amparo, los más pobres simplemente no podrán costear su defensa ante la jurisdicción constitucional, lo que supondrá una discriminación por razones económicas; y 4) Por motivos pecuniarios, quedará limitada la defensa de las personas en un enrarecido ambiente de incesantes y flagrantes violaciones a los derechos de las personas.

Una vez más, insisto en que la razón principal del retardo injustificado de los procesos judiciales, con motivo del trámite del amparo, se presenta cuando, a pesar que el tribunal de amparo no ha concedido el amparo provisional (suspensión del acto, resolución, disposición o ley reclamada o impugnada), el respectivo proceso judicial queda interrumpido o suspendido de facto. Esto es ilegal y debe corregirse.

Asimismo, sostengo que la recurrencia al amparo solo disminuirá si los tribunales de amparo efectivamente disuaden a los juzgadores de emitir resoluciones o actuaciones violatorias de los derechos de los interesados dentro de los procesos judiciales, mediante la condena a los juzgadores infractores al pago de las costas y de los daños y perjuicios causados a los agraviados, lo que, en general, no ocurre aunque está previsto en la Ley de Amparo.

Finalmente, la Corte de Constitucionalidad (CC) ya ha sentado criterios jurisprudenciales de inadmisibilidad y suspensión de los amparos, por lo que es innecesario que estos se reiteren en una reforma de la Ley de Amparo. En todo caso, lo que procede es que la CC rechace los amparos planteados por entidades estatales o funcionarios, en ejercicio de autoridad, porque desnaturaliza el amparo, ya que éste es una garantía de los gobernados y no de los gobernantes.