Jueves 23 DE Noviembre DE 2017
Opinión

Pretensión de regular la libertad de prensa

— Editorial
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En recientes declaraciones, la diputada Sandra Morán (Convergencia) expresó que se discutirá en mesas de trabajo un proyecto de ley que garantice un mecanismo de protección para periodistas, así como que genere oportunidades y procesos que culminen en una regulación que incluya una “ley general de medios de comunicación”.

Preocupa sobremanera que detrás de una presunta protección para los periodistas, se esté fraguando la emisión de una ley de medios de comunicación, cuya finalidad sea la restricción de la libertad de prensa, así como la “colectivización” del derecho a la información.

La Ley de Medios de Comunicación, en otros países como Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia, se convirtió en una típica “Ley Mordaza”, cuyo objeto primordial es controlar el ejercicio de la libertad de prensa, bajo la justificación de un supuesto derecho colectivo a la información y de una necesaria tutela estatal o comunitaria.

No se asume la autonomía personal y el pluralismo en el ejercicio de la libertad de prensa, sino que el control del Estado o de la comunidad de la información que se divulga, bajo el supuesto de que esta debe ser objetiva, veraz e imparcial. El Estado y la comunidad pasan a garantizar que la población reciba una supuesta información veraz, objetiva e imparcial, y por supuesto, limitada, restringida y censurada de acuerdo con los intereses de los “garantes”. ¡Qué tal!

Por otro lado, si bien es cierto que el Estado de Guatemala se obligó a diseñar e implementar un Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales, durante el Examen Periódico Universal al que se sometió en el año 2012, en el seno de la Comisión de DD. HH. de la ONU (Ginebra, Suiza), que los periodistas y comunicadores organizados están gestionando ante el Gobierno de la República, esto no significa que los deslegitimados diputados al Congreso se arroguen la emisión de dicho programa de protección, como una suerte de fachada al amparo de la cual se pretende cocinar una ley de medios de comunicación, cuya finalidad sea la colectivización del derecho a la información, como ya advertimos.

En consecuencia, rechazamos la pretensión de emitir una ley general de medios de comunicación en Guatemala, que tenga como finalidad la restricción de la libertad de prensa, que está garantizada por la Constitución, la Ley de Emisión del Pensamiento, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estos dos últimos ratificados por el Estado de Guatemala.

Asimismo, condenamos la intención de “politizar” la formulación e implementación del Programa de Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales, cuya única finalidad es proteger la vida, la integridad personal, la seguridad y la libertad de pensamiento y de expresión de periodistas y comunicadores, derechos fundamentales que están en alto riesgo en el territorio nacional.