Lunes 22 DE Abril DE 2019
Opinión

Recuperar la soberanía territorial

Cumplir los dos mandatos constitucionales: seguridad y bienestar.

— Edgar Gutiérrez

Después del estado de sitio, solo el estado de guerra, dice la Constitución. Es un recurso extremo al que el Estado acude cuando ha perdido el control y particulares o grupos organizados ejercen violencia, asolando comunidades enteras. Las fotografías en los diarios el mes pasado mostraban trincheras y huellas de enfrentamientos armados en los bloques de cemento. Esto fue en Tajumulco e Ixchiguán, pero igual pudo haber sido en Barillas, El Estor, La Puya o San Rafael Las Flores hace seis años o apenas este fin de semana. Las reiteradas tomas de la TV dejan en la retina a hombres con granadas de fragmentación en la mano en posición de amenaza ante un grupo de policías ya inermes.

La decisión del gobierno de decretar estado de sitio en los dos municipios de San Marcos fue ratificada por el Congreso y, a diferencia de otras ocasiones, no generó controversia.  El tema del control territorial es crítico para el Estado, ausente en muchas regiones, cooptado por el crimen en otras, o irrelevante en las demás. No era difícil deducir de los registros del Tribunal Supremo Electoral sobre la última competencia política por el control de los gobiernos locales que uno de cada cinco jurisdicciones municipales, al menos, han sido sustraídas de la soberanía nacional, entendida en los términos que establece la misma Constitución.

Bastaba ir a los antecedentes inmediatos de esos municipios, donde los candidatos independientes habían sido silenciados (amenazas, muertes, destierros) y corría tranquilamente un solo candidato sin competidores, o bien el ganador inventaba su propia oposición. Curiosamente son regiones fronterizas con Honduras y México, o ubicadas en el litoral del Pacífico, saturadas con trazas de drogas que se originan en Sudamérica.

La recuperación del control territorial es entonces un asunto estratégico asociado a la viabilidad del propio Estado democrático y a su capacidad de ofrecer seguridad a los habitantes. El Estado apenas se ha problematizado este asunto y aunque tuviese la voluntad de recuperar el control territorial mediante recursos extraordinarios y temporales, como el decreto de estado de sitio, no puede, pues incluso carece de los recursos materiales mínimos.

Aparte de la voluntad y los recursos está el método. Y ese es el campo en el cual el Estado suele confundirse y es poco sofisticado. Muy distinto es recuperar el control de las áreas neurálgicas donde el crimen organizado se ha enseñoreado, que en los territorios indígenas donde la gente lucha por su supervivencia y resiste el despojo de los recursos naturales. ¿Y qué hace el Estado donde coinciden una y otra situación? Aquí está el quid del asunto: la autoridad se recupera con legitimidad que se gana cumpliendo los dos mandatos constitucionales: seguridad y bienestar, permanente y continuado. Ahora bien, si lo único eventual y extraordinario es el uso de la fuerza para recuperar control, imperceptiblemente el territorio se balcanizará violentamente entre ejércitos privados.

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