miércoles 31 mayo 2017
Opinión

Robo finquero a campesinos: impune

San Gregorio Piedra Parada sin pagar IGSS descontado.

— Helmer Velásquez

Hace unos meses en este apartado, comentamos con acritud y un amargo sabor de boca, la penosa situación de extrabajadores de la Hacienda San Gregorio Piedra Parada en Coatepeque –miembros del Comité de Unidad Campesina. Que en su vida laboral, “cotizaron al IGSS”, a través de la empresa referida, la cual –impunemente– se quedó con los dineros campesinos y nunca hizo llegar la aportación, a donde corresponde. El resultado de aquella perversa actuación empresarial, significó, que ahora los campesinos no pueden acogerse al régimen de vejez que prevé la Seguridad Social, porque al resolver el IGSS declaró que aquellos –los campesinos– no cotizaron. El IGSS, ofreció a la empresa, que pague el adeudo, exento de multas y otros recargos. La infamia empresarial, llega al máximo cinismo: aun así, niegan pagar lo retenido. Quizá esperan la muerte uno a uno de los trabajadores. Y confían, que la justicia nunca llegue.

Los propietarios del fundo, refieren los trabajadores, ha sido la “honorable” y acaudalada familia campollo –así en minúscula– fue con los abuelos con quienes “hicieron trato” laboral. Los “campollo” han incoado, demandas penales contra los trabajadores. Obviamente las mismas fueron aceptadas para su trámite y raudos fiscales han promovido cárcel para los sindicados. La empresa, ilegítimamente, en una maniobra –muy socorrida– en este país, para proveerse impunidad, se fraccionó en siete nuevas empresas y así cual merolicos del derecho, se proponen que tanto el IGSS como “autoridades” de trabajo pierdan la chibolita y al final de los tiempos el asunto, se complique tanto, que sea abandonado y vaya a los archivos de la impunidad. Este caso refleja de cuerpo entero el glamur empresarial chapín. Estamos –solamente– frente a una muestra de la “transparencia y honradez” empresarial. Luego el gremio de los dineros se queja de que los gringos presionen, por el enjuiciamiento laboral de este país impune. Los pares de campollo, propalarán –fingiendo estupefacción– que estamos ante un montaje para dañar la inmaculada reputación empresarial.

Sobre este caso, pronto veremos la campaña del CACIF, urgiendo a las autoridades resolver con prontitud, respetar el Estado de derecho, reglas claras y peso de la ley a infractores. Seguramente lo harán. Siempre han defendido el Estado de derecho. Por qué no hacerlo ahora: tengamos fe. Al agro organizado, lo veremos condenar a su agremiado por violación al decálogo de buenas prácticas laborales. Excelente ocasión para demostrar, que aquello no es papel mojado. ¿Alguien apuesta en contrario? Solamente, un incrédulo antisocial, antilibre empresa.