Martes 20 DE Noviembre DE 2018
Opinión

La fragilidad del Estado

El grado de fragilidad de los países influye claramente en sus niveles de pobreza.

 

— Mario A. García Lara
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El Estado guatemalteco tiene síntomas de fragilidad: el crimen organizado reina impune en varios territorios, las carreteras están colapsando, los prisioneros escapan de las cárceles, los ciudadanos no tienen acceso a sus documentos de identificación (DPI o pasaportes), se producen continuas invasiones a la propiedad inmueble, etcétera. Guatemala ocupa el puesto 57 (de 178 países) en el ranquin del Índice de Estados Frágiles 2017 que calcula el Fund for Peace y que recientemente fue publicado. El primer lugar (es decir, el Estado más frágil) es Sudán del Sur, mientras que en el otro extremo se encuentra Finlandia.

En dicho índice nuestro país obtuvo una calificación de 83 puntos (sobre 120), mejor que la de 114 que obtuvo Sudán del Sur. Si bien Guatemala ha mejorado su calificación en el último lustro (en 2012 ocupaba el puesto 70 del ranquin, con un puntaje 79/120), continúa siendo en 2017 el país más frágil de Centroamérica: Honduras ocupa el puesto 68 (con 79 puntos); Nicaragua el 74 (77 puntos); El Salvador el 92 (73 puntos); y, Costa Rica es el mejor calificado en el puesto 145 (44 puntos).

Este índice combina tres tipos de información. Utiliza datos de más de mil publicaciones distintas donde detecta palabras clave ligadas a crisis y fragilidad. Luego, utiliza estadísticas duras de fuentes como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y, por último, emplea el juicio de expertos para validar los distintos subíndices, los cuales se agrupan en 12 indicadores de fragilidad que incluyen temas como legitimidad del Estado, fraccionamiento de las elites o reducción del crecimiento económico. Las categorías en que peor puntea Guatemala son las de descontento de grupos sociales, desigualdad económica, aparatos de seguridad, y servicios públicos.

Claro que Guatemala no está tan mal como los países peor calificados (Sudán del Sur o Somalia), que son verdaderos estados fallidos donde el gobierno ni siquiera controla la ciudad capital. Estamos más cerca de otros, como Madagascar (puesto 55), en los que el Estado no está colapsado, pero es altamente disfuncional e incapaz de controlar todo su territorio. Curiosamente, también estamos cercanos de Venezuela (puesto 58), donde el gobierno controla todo su territorio pero a costa de un malestar ciudadano generalizado y creciente.

El grado de fragilidad de los países influye claramente en sus niveles de pobreza. Los economistas Daron Acemoglu y James Robinson, en su libro Por qué fracasan las Naciones, explican que los países no fracasan por su geografía (como lo demuestra el caso de Nueva Zelanda) ni por su cultura (como lo demuestran los contrastes entre Corea del Sur y Corea del Norte). Lo que ocurre es que algunas naciones cuentan con instituciones incluyentes y efectivas que promueven el crecimiento, mientras que otras tienen instituciones “extrayentes” que minan el crecimiento. Como lo afirman dichos autores, la clave para entender el fracaso de los estados es “instituciones, instituciones, instituciones”.

Es por eso tan importante para Guatemala emprender una profunda reforma de su seguridad y justicia (Policía, Presidios, Organismo Judicial), de su servicio civil, de sus sistemas de control (calidad y probidad) del gasto público y, crucialmente, de su sistema electoral y de partidos políticos. La reforma institucional debería ser una prioridad aún mayor que (y no estar supeditada a) la lucha anticorrupción que exitosamente han liderado la CICIG y el Ministerio Público. Si queremos dejar de ser un Estado frágil y sin futuro, esa agenda nacional de reforma institucional debe ser la prioridad de los distintos liderazgos de la sociedad guatemalteca.

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