Viernes 24 DE Noviembre DE 2017
Opinión

Imperativa reducción del IUSI

— Editorial
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Durante el régimen de Álvaro Arzú (1996-2000) fue promulgada la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), Decreto 15-98 del Congreso, por la cual se establece el IUSI, que recae “sobre los bienes inmuebles rústicos o rurales y urbanos, integrando los mismos el terreno, las estructuras, construcciones, instalaciones adheridas al inmueble y sus mejoras; así como los cultivos permanentes. Para los efectos de la determinación del impuesto, no integrará la base imponible el valor de los bienes siguientes: La maquinaria y equipo. En las propiedades rústicas o rurales, las viviendas, escuelas, puestos de salud, dispensarios u otros centros de beneficio social para los trabajadores de dichas propiedades. Para los efectos de este impuesto, se consideran cultivos permanentes los que tengan un término de producción superior a tres (3) años”.

El Artículo 11 de la referida Ley dispone: “Para la determinación del impuesto anual sobre inmuebles, se establecen las escalas y tasas siguientes: Valor Inscrito Impuesto Hasta Q2,000.00 Exento. De Q2,000.01 a Q20,000.00 2 por millar. De Q20,000.01 a Q70,000.00 6 por millar. De Q70,000.01 en adelante 9 por millar”.

La devaluación del Quetzal con respecto al Dólar estadounidense, de Q1.00 x US$1.00 a casi Q7.50 x US$1.00, prácticamente ha situado el valor de la inmensa mayoría de inmuebles en el territorio nacional por encima de los Q70,000.00, por lo que la tasa del IUSI efectiva es 9 por millar, o sea casi el 1 (0.9) por ciento, aplicable indiscriminadamente a todos los inmuebles sin importar si los mismos son destinados a vivienda de los propietarios o a obtener renta.

Sin duda, la tasa de 1 (0.9) por ciento, en concepto de IUSI, es extremadamente alta (confiscatoria) y ha venido incidiendo en que haya oposición a las revaluaciones inmobiliarias (que generalmente son arbitrarias y abusivas por falta de regulación adecuada) y a hacer autoavalúos, o en que los adquirentes de inmuebles se resistan a escriturar el valor real de adquisición, que, por cierto, también está gravado por el IVA (12 por ciento) o, en su caso, por el timbre fiscal (tres por ciento), así como por el gravoso arancel registral. Por otro lado, resulta lógico que los inmuebles destinados a vivienda o no desarrollados paguen bastante menos que los que generan producto o renta.

Por tanto, procede que el Congreso no solo reduzca la tasa del IUSI a un máximo de 3 por millar, sino que también diferencie los inmuebles gravados en los términos apuntados y regule las valuaciones inmobiliarias. Esto, inequívocamente, ayudará a mejorar la recaudación por vía impositiva y apuntalará la justicia y la equidad tributarias.