Jueves 16 DE Julio DE 2020
Opinión

Atole con el dedo

Con estos argumentos se frenan los cambios que persiguen mejorar la administración de justicia.

Fecha de publicación: 17-05-17
Por: Lizardo A. Sosa L.

Uno tras otro, han perdido pertinencia los argumentos planteados para oponerse, criticar, retrasar y a la larga impedir la aprobación de las reformas constitucionales. Primero, fue la excusa del derecho consuetudinario indígena, argumento fuera de base y contexto, en un país en el que tal artículo, redactado en su última versión, habría dejado las cosas tal y como están, eso sí, con el reclamado reconocimiento político constitucional; es decir, un derecho consuetudinario vigente en la práctica de vida diaria de las comunidades indígenas que residen en amplísimos territorios del país desde hace miles de años, que se pretende seguir ignorando. Después, los argumentos se enfocaron entre otros, en el artículo relacionado con el Consejo de la Judicatura o Consejo Administrativo del Poder Judicial, que sigue aún entrampado, objeto de campañas de desinformación sobre su verdadero objeto, consistente en viabilizar que los honorables magistrados que integren la Corte Suprema de Justicia se dediquen plenamente a sus funciones jurisdiccionales, delegando en el Consejo la administración de bienes y recursos humanos y materiales que la administración de justicia requiere para su mejor funcionamiento. Con estos argumentos se frenan los cambios que persiguen mejorar la administración de justicia, entre ellos, el vital desarme de los desprestigiados procesos de designación a través de Comisiones de Postulación, tan objeto de presiones de todo tipo, que al final han resultado ajenas al interés de contar con funcionarios probos e independientes en las instituciones del sector Justicia.

Lo que ocurre con las reformas constitucionales, pareciera tener relación con las reformas pendientes a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, aunque la resistencia a estas reformas no viene necesariamente de los mismos grupos: por un lado, están quienes no quieren cambios constitucionales, porque merman prácticas comunes en el sector, tales como el tráfico de influencias, las interferencias en los procesos de nombramiento de jueces y magistrados, sobornos, sentencias amañadas, etcétera, etcétera, que han sido herramienta y garantía de impunidad; por ello, no quieren perder capacidad de influencia en decisiones como las que se sabe ocurren en las Comisiones de Postulación para diferentes cargos incluido el de magistrados y el de Fiscal General, procesos que quedarán intactos si no se producen las reformas planteadas. Luego, está el grupo que controla y detenta el poder al interno de los partidos políticos (secretarios generales y comités ejecutivos) altamente fortalecido con las últimas reformas a la LEYDPP, quienes por ello han hecho y harán todo lo que puedan para evitar la vigencia de reformas que democraticen sus instituciones y terminen de fortalecer al TSE, por lo menos, para retrasar la vigencia de estas reformas hasta después del proceso electoral 2019.

Entre las decenas de procesados por delitos de corrupción están aquellos que serán encontrados culpables, y son ellos, y quienes mercan indebidamente con la justicia, los interesados en que nada cambie en el sector Justicia. Por otro lado, están quienes no desean cambios en el régimen electoral: los políticos de la vieja práctica, que están dándonos “atole con el dedo”, dejando pasar el tiempo, oponiéndose sin razón y algunos diputados sin tan solo leerlas, a reformas constitucionales necesarias y urgentes, para así evitar estos cambios en la LEYDPP y así perpetuar el control antidemocrático de las instituciones políticas, evitando o al menos retrasando, la urgente y necesaria reforma política.