Viernes 21 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Oxec

— Jose Rubén Zamora
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La inversión estimada en el proyecto es de US$300 millones, con una generación proyectada de 86 megavatios. Por mandato de la Corte de Constitucionalidad (CC), a mediados de febrero pasado, el proyecto fue suspendido en respuesta a acciones legales del Colectivo MadreSelva y del líder campesino Bernardo Caal, quienes argumentan que no se realizó consulta comunitaria para autorizar los proyectos. La CC ha incumplido los plazos para dictar una resolución definitiva y a la fecha están por cumplirse tres meses de estar suspendidos los trabajos en Oxec I y Oxec II.

La empresa actuando cumplió con todos los requisitos que en su momento le pidió el Estado y obtuvo las autorizaciones necesarias para invertir y operar el proyecto, incluyendo la consulta a las comunidades afectadas, de acuerdo a procedimientos y metodología consensuados con las comunidades ante la ausencia de la reglamentación estatal. Cuando el Convenio 169 fue ratificado, el Estado asumió la responsabilidad de realizar este tipo de consultas y no cumplió con esta responsabilidad, aunque la empresa realizó la consulta, como ya se dijo, de común acuerdo con las comunidades. El mensaje categórico de las autoridades es que, en Guatemala, no necesariamente, con obtener todos los permisos solicitados por la ley, se va a respetar la existencia de una actividad empresarial.

Es evidente que existen contradicciones entre instituciones del Estado, específicamente entre el Ministerio de Energía y Minas, que manifiesta haber acompañado la consulta, con la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. La empresa pide que la CC no postergue más el fallo definitivo incumpliendo los plazos legales y creando un estado de incertidumbre jurídica. Si la situación se prolonga más acudirá a tribunales internacionales buscando resarcimiento por los daños económicos causados por la paralización de los trabajos.

De las 11 comunidades que están alrededor, ocho han mostrado su apoyo al proyecto y tres se encuentran divididas. Las ocho comunidades que se muestran a favor señalan que no reconocen a Bernardo Caal como líder y que saben que desde hace algunos años no es habitante de la zona.

Caal, por cierto, es prófugo de la justicia luego de que se le girara una orden de captura por un caso especial de estafa, ya que se le acusa de cobrar 104.5 mil quetzales por salarios de enero de 2012 a agosto de 2013, sin llegar a trabajar como maestro.

MadreSelva, donde militan queridos amigos, es un grupo ecologista, donde se han reciclado grupos intransigentes, verticalistas, con discurso único, que han encontrado en el regreso al Edén, el nuevo camino hacia su utopía perdida. Quizá, con todo respeto, ni ecologistas son.

Es urgente que el Estado cumpla con su responsabilidad y reglamente la forma de llevar a cabo las consultas, para evitar estos conflictos innecesarios, en este país donde todo se ideologiza y lleva a las trincheras.

La paralización parcial o perenne de Oxec pondría en riesgo a todo el parque de generación, ya que eventualmente la decisión afectaría a todo el sector que desde que se aprobó la Ley de Electrificación, ha multiplicado por cinco la capacidad de generación llevándola a 3 mil 500 megavatios, doblando la demanda del país y bajando en 40 por ciento el precio al usuario final. Lo que hay que hacer es aprovechar esa posición competitiva y atraer inversiones reales y productivas que busquen energía disponible y barata y para exportar más agresivamente energía.

Por otro lado, se pone en riesgo la posición del sistema bancario que ha apoyado el crecimiento del sector. Solo Oxec significa préstamos por más de US$200 millones. La inseguridad jurídica se haría extensible a cualquier tipo de inversiones, si se hacen sin que exista la reglamentación que todavía no hace el Estado sobre las consultas populares.

Un arbitraje internacional también dañaría la imagen de Guatemala como destino de inversiones, y, posiblemente, sería perdido por Guatemala, generando un alto costo para las finanzas del país.

Es cierto, los proyectos y empresas hidroeléctricas, como lo he señalado reiteradamente, son todavía una gran oportunidad para difundir y popularizar la riqueza y sacar de la pobreza a  grandes grupos de pobres rurales y urbanos y nada se ha hecho al respecto, pero sigue siendo una opción de grandes dimensiones para atajar la pobreza con éxito.

Que rápido olvidamos que a mediados de la década de los noventa los apagones eran la constante; que debido a esta realidad, el Estado se vio forzado a aceptar por periodos prolongados contratos onerosos y abusivos. Y, que después de más de una década, gracias a leyes apropiadas se logró la cristalización de grandes inversiones que hasta ahora, finalmente, empiezan a rendir.

La CC no puede perder un instante más y de inmediato debe confeccionar una resolución, que al margen de los sectarismos, en base al espíritu de las leyes, privilegie el progreso de la Nación y proteja al país de los francotiradores.

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