Sábado 18 DE Noviembre DE 2017
Opinión

Sin derecho a opinar

Hasta la consulta.

 

— mario mérida
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Hace unos años publiqué el artículo “Ahora solo falta una matriz contra la corrupción”, basada en una medición realizada por elPeriódico (24/mayo/2000), respecto a “Si usted pudiera platicar con el presidente” ¿qué le pediría que arreglará? Los temas sugeridos fueron en su orden: la economía, desempleo, delincuencia, administración gubernamental, seguridad, educación y corrupción. Esta última apareció en el décimo lugar con un 3.4 por ciento. Por esa época los guatemaltecos no comprendían los efectos negativos de la ineficiencia de la justicia, la incompetencia de los servidores y particularmente de la corrupción estatal, porque no se reflejaba en las encuestas de opinión pública. Fue el periodismo investigativo, algunas de opinión y reportajes, que llevaron estos temas al público, pero, esto no llegó a provocar las movilizaciones observadas en el 2015.

Manifestarse públicamente en la actualidad acerca de la corrupción; la incorrecta aplicación de la justicia; la incapacidad de algunos funcionarios públicos, pareciera un derecho de ciertas elites sociales, cualquier persona que emita opiniones coincidentes con ellos, es calificada de inmoral o de ser políticamente correcta. También censuran a quienes no toman partido en favor o en contra de las reformas constitucionales. Este grupo de censores proviene generalmente de sectores que en el pasado disfrutaron de los beneficios de negocios ilícitos, manoseo de la justicia, manipuleo y chantaje de funcionarios estatales y diputados incapaces.

Al presente el debate de las reformas, dejó de ser –o quizás nunca lo fue– un tema de interés ciudadano, ni siquiera la institucionalidad académica se ha pronunciado de manera oficial sobre los efectos positivos y negativos. Porque asegurar que las reformas son lo mejor o lo peor que le puede suceder al país, es competir con la infalibilidad del papa; algún impacto negativo tendrán. Un buen ejemplo son las Comisiones de Postulación (junio/2009), alabadas en su momento y hoy cuestionadas por algunos. No obstante se argumenta a su favor, que estas no son “el problema en sí mismas, sino que el excesivo número de sus integrantes y que la CC abrió la puerta a la absoluta discrecionalidad y al subjetivismo de los postuladores al eliminar los límites (frenos) constitucionales en las sentencias indicadas (que, por cierto, debería solicitarse que sean expulsadas de la jurisprudencia constitucional)” (editorial, elPeriódico. 13/febrero/2017).