Viernes 24 DE Mayo DE 2019
Opinión

¿Reformar o no reformar?

Si se adelanta puede que introduzca modificaciones triviales y si, por el contrario, se atrasa, puede que genere un desastre difícilmente contenible.

 

Fecha de publicación: 05-05-17

El presente artículo es un extracto de mi ponencia aprobada por el XVIII Congreso Jurídico Guatemalteco, en 2004. El congreso fue dedicado a  Edgar Alfredo Balsells Tojo.

 El problema del reformismo constitucional consistirá en equilibrar la necesidad indudable de adecuar laGrundnorm del orden jurídico a la evolución social, de forma que la coherencia normativa con la realidad inspire el respeto, como símbolo, al código político, y hacerlo con la justa oportunidad para que arraigue ese sentimiento de “tener Constitución y estar en Constitución”.

La idea de lograr estabilidad de la Constitución camina por la senda de elementos indispensables del desarrollo constitucional, a efecto de tener alguna certeza de que la reforma es de suyo necesaria por haber chocado algunas normas fundamentales con impedimentos materiales que las han hecho insuficientes, incoherentes o inviables.

Precedentes de reforma constitucional

La crónica de las reformas constitucionales en Guatemala, fijaría su atención en la de 1855 que en el fondo consolidó el carácter vitalicio de la presidencia de Rafael Carrera. La Constitución del período liberal, promulgada en 1879 y que estuvo vigente hasta 1944, fue objeto de ocho reformas, casi todas cosméticas y algunas hechas a encargo del dictador para prolongar su hábito de poder. Son excepción, la reforma de 1885, sancionada por Manuel Lisandro Barillas, que prohibió la reelección presidencial inmediata. Y la de 1921, formulada durante el gobierno de Carlos Herrera, que tuvo avances en el constitucionalismo social y en la limitación contra la reelección presidencial. La otra Constitución objeto de reformas es la vigente, que fue modificada por la mayoría especial de los diputados que prevé la Constitución. El Acuerdo Legislativo 18-93 fue objeto de una raquítica, pero legal, ratificación popular.

La suspicacia que caracteriza a los guatemaltecos cuando se menciona “reformas” parte del historial de los remiendos al texto que  favorecieron la costumbre de poder de nuestros dictadores, que lograban prolongar el período límite

marcado en el manipulado Artículo 66.

 Lo interesante de profundizar el estudio comparado de las reformas constitucionales estaría en determinar, en primer término, la trascendencia respecto a cumplir con ella los fines del Estado o si, por lo contrario, respondieron en su momento a cuestiones de legitimación del poder o abrir cauces para la continuidad de quienes lo ejercían. En otro plano, examinar la efectividad de los cambios en cuanto acercar la normatividad  a las condiciones sociales que permitan suponer un avance real democrático del sistema político en su tiempo.

Consecuencia del desarrollo de los Acuerdos de Paz, fue planteada una nueva lista de reformas que podían decidirse por el voto agravado de los congresistas y el correspondiente refrendo popular. Conforme Decreto de 16 de octubre de 1998, introdujo reformas a cuarenta y cuatro artículos de la Constitución y adicionó seis artículos transitorios. La siguiente etapa, la del refrendo, se realizó por convocatoria expresa formulándose cuatro preguntas temáticas, que fueron rechazadas por una mínima diferencia del escaso número de electores empadronados que acudieron a la consulta.

Lo cierto es que la reforma de la Constitución es un mecanismo jurídico previsor, pese a factores de rigidez que exige la seguridad jurídica como elemento de un Estado previsible y estable. De ahí la advertencia de  Peter Häberle, quien dice: “Allí donde un Estado constitucional niega las necesarias reformas, donde equivoca el camino o ignora la necesidad de la reforma, se producen tensiones, que pueden llevar hasta un abierto quiebre constitucional o incluso hasta la revolución y que en todos los casos podrán ser negativas para la comunidad política”.

Lo importante es saber que la Constitución en sí misma ha previsto los mecanismos de su reforma y que atiende cualquier clamor que demande los cambios para lograr los fines  previstos especialmente en la parte considerativa del texto. No obstante, el punto de equilibrio está en la capacidad de percibir que existe una “hora” para las reformas constitucionales y que concierne a la intuición política determinarla. Si se adelanta puede que introduzca modificaciones triviales y si, por el contrario, se atrasa, puede que genere un desastre difícilmente contenible. Además, y en esto debe haber sinceridad en el análisis, es preciso determinar si las causas de la crisis son de la normatividad imperfecta o si corresponden a factores culturales y estructurales. Esto es, examinar si la crisis del Derecho no es más bien crisis de la solidaridad, siendo aquel nada más que un reflejo de condiciones sociales que ningún texto sea capaz de corregir.

Disyuntiva de la opción reformista

El problema de la confiabilidad en el Derecho positivo radicaría en todo caso en saber si la crisis apuntada es cuestión de normas jurídicas o, en el fondo, estaríamos en presencia de un desajuste social mucho más complejo, en cuyo caso una reforma constitucional cosmética vendría a acusar aún más el fenómeno de anomia que podía aquejar a una sociedad. De suerte que tampoco sería ocioso reflexionar acerca del contenido, no de una Constitución formal sino de la Constitución verdadera de un país.

La citada ponencia, contenía varias conclusiones, citándose algunas de ellas: a) La Constitución contiene cláusulas de apertura a su revisión y cambio, facultando a un poder constituyente derivado armonizarla conforme el progreso cultural y las nuevas expectativas de la sociedad. b) El recurso de la reforma o cambio debe ser producto de una necesidad de contar con un orden justo y efectivo, en tanto que los otros sistemas de adecuación normativa no hayan podido ser suficientes para acomodar el espíritu de la Constitución a las demandas legítimas de la sociedad. c) La determinación del momento en que las reformas constitucionales se hacen indispensables, debería partir del análisis comparativo de los fenómenos sociales, económicos, culturales y políticos que encuentren o puedan encontrar diques insalvables que no permiten su expresión dentro del proceso normal de desarrollo y, por ello, podrían causar o causan malestar e inestabilidad. De igual manera, que haya certeza de que las reformas en sí mismas serían suficientemente idóneas para remover obstáculos y abrir expectativas reales de bien común.

[El Congreso de la República está integrado como un conjunto sinfónico con diferentes tonos que, en su momento, deben sonar armónicamente. Esto lo calificará su público (variado también en sus gustos) que se merece la más pura inspiración política, ni de la vieja ni de la nueva, sino de la virtuosa. A algunos  quitará el sueño el riesgo de fallar. Este apremio es inferior al ideal de soñar.]