Sábado 18 DE Noviembre DE 2017
Opinión

En defensa del amparo

El amparo es un baluarte de la libertad y el Derecho.

 

— MARIO FUENTES DESTARAC
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El amparo es una garantía procesal expedita que tienen las personas de acudir ante un tribunal de justicia, para que se restituya el goce de sus derechos cuando estos fueren amenazados o violados por alguna autoridad. Es una garantía inherente al derecho de defensa.

La actual Constitución de Guatemala (1985) establece que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procede siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes emanados de autoridad lleven implícitos amenazas, restricciones o violaciones a los derechos constitucionales y legales. De suerte que el amparo es irrestricto y de amplio espectro.

La Constitución de 1965 restringía el amparo dentro de los procesos judiciales así: “Es improcedente el amparo: 1o. En asuntos del orden judicial respecto de las partes y personas que intervinieren en ellos. Sin  embargo, cuando no se haya dictado sentencia, podrá recurrirse de amparo contra la infracción al procedimiento en que incurra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en los asuntos sometidos a su conocimiento”. Asimismo, en la Ley de Amparo, emitida por la Asamblea Constituyente en 1966, se exigía que en el escrito de interposición del amparo se consignara la “declaración jurada de la persona que interpone el recurso sobre que los hechos que afirma son ciertos y que no le constan otros que desvirtúan la acción promovida”. Esta declaración jurada suponía que si el amparo se declaraba improcedente, el accionante y el abogado auxiliante podían ser encarcelados por el delito de perjurio.

En otro contexto, el enfrentamiento entre la CSJ y el gobierno presidido por Jacobo Árbenz (1951-4), en febrero de 1953, en el contexto de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria (Decreto 900), ilustra sobre el recelo de los gobernantes respecto de un amparo irrestricto. La CSJ, con apego a la Constitución, admitió para su trámite un amparo presentado por un finquero afectado por la aplicación de dicha Ley, extremo que provocó una reacción iracunda de Árbenz, quien solicitó una opinión al Congreso (a la sazón único intérprete de la Constitución y la ley), controlado por el oficialismo, el cual dictaminó que los magistrados de la CSJ evidenciaron “un desconocimiento de la ley que apareja ineptitud y como consecuencia demuestra una manifiesta ineptitud para administrar justicia”, con base en lo que el Congreso, con el voto afirmativo de la mayoría de los diputados, destituyó a los magistrados de la CSJ.

A escasos 30 años de vigencia del amparo irrestricto, se pretende que el amparo vuelva a restringirse y castigarse, ahora a través de encausar penalmente a los accionantes y sus abogados auxiliantes por litigio malicioso, así como de la imposición de multas gravosas y confiscatorias a estos últimos. Concretamente, en materia del amparo judicial se alega que, mediante el abuso del amparo, se entorpecen u obstaculizan los procesos judiciales. Los juzgadores también se quejan de la carga de trabajo.

En mi opinión, la razón principal del retardo injustificado de los procesos judiciales, con motivo del trámite del amparo, se presenta cuando, a pesar que el tribunal de amparo no ha concedido el amparo provisional (suspensión del acto, resolución, disposición o ley reclamada o impugnada), el respectivo proceso judicial queda interrumpido o suspendido de facto. Esto es ilegal y debe corregirse. Lo anterior sin perjuicio de que debe aplicarse los criterios legales de inadmisibilidad del amparo. Por otro lado, la carga de trabajo es un problema administrativo y no jurisdiccional, por lo que la misma no debe ser una excusa para restringir el amparo.

De esa cuenta, no estoy de acuerdo con que el amparo vuelva a restringirse o prohibirse, porque esto nos retrotraería al oscuro pasado de imposibilidad de pedir la restitución del goce de los derechos amenazados o violados. Además, sostengo que el amparo irrestricto es un baluarte de la libertad y el Derecho.