Viernes 21 Abril 2017
Opinión

¿A qué le temen?

La ultraderecha conservadora y su cruzada en favor de la corrupción.

— Carol Zardetto

Resulta particularmente extraña la postura de la derecha ultraconservadora guatemalteca en torno a los temas de justicia. ¿Cómo comprender su franco odio hacia la CICIG, su particular ahínco en desprestigiar al Comisionado Iván Velásquez, su repudio al Embajador Todd Robinson, el ninguneo a Thelma Aldana, la alergia que les provocan las reformas constitucionales, el resquemor ante las acciones de la SAT para el cobro de los impuestos o las acciones penales por defraudación fiscal?

Si lo que andan buscando es legitimidad ante los ojos de la población, pues me parece que toman por el camino equivocado. Sus acciones dejan entrever que están de acuerdo con la corrupción (o forman parte de las organizaciones criminales que participan de ella), que no les interesa fortalecer el sector justicia, que defraudar al fisco les parece un asunto encomiable. ¿Qué clase de país prefieren entonces?

Ciertamente, el sector justicia es el que más ha sacado la cara en términos de transformar la realidad de Guatemala. La persecución penal se ha convertido en la tibia vanguardia de una, cada vez más urgente, transformación del Estado. ¿Debemos creer que esta ultraderecha conservadora es parte del problema que no nos deja salir adelante? ¿Que la defraudación fiscal es para ellos algo encomiable y digno de defenderse, aun cuando eso implica que estamos condenados a vivir en un Estado incapaz de proveer los servicios mínimos a la población más vulnerable?

Esta ultraderecha conservadora llega al extremo, absolutamente infantilista, de querer asustarnos con el petate del muerto: si se aprueban las reformas constitucionales nos convertiremos en Venezuela. ¡Por favor! ¿A qué clase de gente ignorante se dirigen? Me imagino que según su particular visión del mundo, el sector justicia no necesita reformarse. Las corruptas Comisiones de Postulación merecen apoyo para mantener el statu quo según el cual existen sectores privilegiados intocables; derechos de antejuicio que se han convertido en irracionales; jueces y magistrados cooptados por la falta de independencia, un Ministerio Público debilitado a propósito, como una premeditada estrategia para que los cuerpos paralelos de oscuro poder criminal mantengan el control del país.

No creo que todo el sector privado organice su actividad productiva alrededor de la defraudación tributaria, los negocios ilícitos o la participación en la corrupción. Sin embargo, resulta sospechosa su alianza, su silencio, la incapacidad de marcar distancia con estos sectores extremistas y que se están pintando a sí mismos como decididamente corruptos. La ciudadanía tiene la obligación de informarse. No pueden seguir como borregos una información sesgada que no resiste ningún análisis.