Sábado 19 DE Enero DE 2019
Opinión

Prestigiar la política

Pero los tribunales no pueden hacerlo todo: son los políticos quienes deben reformarse a sí mismos y al sistema.

— Mario A. García Lara
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Las prácticas de corrupción que se desvelaron en toda su crudeza hace dos años (y que aún carcomen inclementes las entrañas del Estado) son el efecto más visible del destrozo del sistema político guatemalteco. Los sobornos, el tráfico de influencias, las plazas fantasmas, así como los sobreprecios en las contrataciones y adquisiciones del gobierno han sido los esquemas más utilizados (tanto en el gobierno central como en los gobiernos locales) para saquear el erario público con el fin de enriquecer a funcionarios y a políticos corruptos. Y todas las pistas del delito conducen a un lugar: el sistema de partidos políticos.

La numerosas investigaciones y enjuiciamientos contra dirigentes políticos que, merced a las acciones de la CICIG y el Ministerio Público, se han producido en los últimos meses, ha revelado el deterioro del sistema. De todas las profesiones que se practican en el país, la de político es una de las más desprestigiadas. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Y qué debemos hacer para cambiar la situación a fin de que la ciudadanía pueda elegir mejores representantes?

En el sistema actual los diputados se eligen en listados (nacional y departamentales) cerrados, en vez de representar distritos más pequeños y cercanos al ciudadano, lo cual no solo hace que las campañas electorales resulten caras y proclives a la corrupción, sino que impide la cercanía entre el votante y sus representantes. A la inexistente representatividad se une, por un lado, la falta de transparencia y democracia interna en los partidos y, por otro, la debilidad y politización del Tribunal Supremo Electoral –TSE–. Ello configura el actual sistema político clientelar y patrimonialista que dificulta la gobernabilidad e impide el buen desempeño de la economía nacional.

Hoy el Congreso está más fragmentado que nunca. Los partidos políticos carecen de ideología o de un programa de gobierno para ofrecer a los votantes quienes, además, en su gran mayoría ignoran quién es el diputado que los representa o por quién votaron en las pasadas elecciones. El Ejecutivo impulsa sus iniciativas de ley mediante coaliciones legislativas frágiles y efímeras. Eso permitió en el pasado (y esperemos que solo en el pasado) la práctica de compra de votos a cambio de favores, obras o sobornos, para viabilizar proyectos del gobierno tal como, según se dice, ocurrió en el escandaloso caso Odebrecht, aún pendiente de resolver.

Hasta ahora, la necesaria depuración de este sistema, evidentemente agotado, se ha estado dando principalmente por la vía judicial, tanto en el caso de la persecución penal de políticos corruptos, como de la cancelación de partidos políticos que han violado la ley. Quienes impulsan esta vía esperan que tal terapia de choque pueda lograr quizá, y solo quizá, una mejora en la calidad de los diputados y dirigentes políticos en las próximas elecciones. Pero los tribunales no pueden hacerlo todo: son los políticos quienes deben reformarse a sí mismos y al sistema.

La timorata reforma a la Ley Electoral de finales de 2015, que se concentró en el tema del financiamiento electoral (un síntoma, no la causa, de la enfermedad) y terminó dándoles más recursos estatales a los partidos, debe ser mejorada y profundizada. La democracia interna de los partidos, el fortalecimiento de la autonomía del TSE y, sobre todo, la mejora en la representatividad de los funcionarios electos (idealmente mediante la creación de distritos electorales más pequeños) deben ser las guías de una nueva reforma que rescate, dignifique y prestigie la política. Si no se hace, en las próximas elecciones tendremos nuevamente una oferta electoral de poca calidad y proclive a la corrupción.

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