Sábado 18 DE Noviembre DE 2017
Opinión

Prerrogativa de irresponsabilidad parlamentaria

Protege la libertad de palabra del diputado intramuros.

— MARIO FUENTES DESTARAC
Más noticias que te pueden interesar

La Constitución establece que los diputados gozan de las siguientes prerrogativas: 1) Inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que ha lugar a formación de causa penal en su contra, después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto. Se exceptúa el caso de flagrante delito en que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspondiente; y 2) Irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos, en el desempeño de su cargo.

La inmunidad personal se traduce en el derecho de antejuicio, que protege la función y no la persona del diputado, ya que tiene por objeto preservar la estabilidad del desempeño del cargo e impedir que el ejercicio de la función se vea menoscabada por las vicisitudes políticas. En ese sentido, la Ley en Materia de Antejuicio dispone que “el antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable” y que no procede que se despoje de inmunidad a los que gozan de ella “por razones espurias, políticas o ilegítimas”.

Por otro lado, la prerrogativa de irresponsabilidad parlamentaria otorga al diputado el privilegio o preeminencia de no ser perseguido judicialmente (por la vía penal o civil) por sus opiniones (ideas, criterios, juicios, razonamientos, dudas, señalamientos, cuestionamientos), iniciativas (planteamientos, proyectos, propuestas, mociones) y enfoques de los negocios públicos, que se viertan en el pleno ejercicio de sus funciones dentro del hemiciclo parlamentario.

Es decir que esta prerrogativa protege la libertad de palabra, de propuesta o de objeción del diputado en el desempeño del cargo intramuros, o sea dentro de las instalaciones del Congreso, no así fuera de ellas (extramuros), porque entonces aplicaría la prerrogativa de la inmunidad personal.

En todo caso, la prerrogativa de irresponsabilidad parlamentaria es una excepción al principio de igualdad ante la ley, porque no se aplican a los diputados las mismas reglas en materia de libertad de expresión de ideas que se aplican a todas las demás personas.

La justificación de la prerrogativa de irresponsabilidad parlamentaria se origina en los temores que tradicionalmente han tenido los parlamentarios a las represalias o ataques arbitrarios de los gobernantes de turno, tanto en forma directa, a través del destierro o el encarcelamiento injusto, como indirecta, mediante persecuciones judiciales por razones eminentemente políticas. Sin duda, esta legitimación se ha ido desvirtuando en las naciones civilizadas en la medida en que un genuino Estado de Derecho se ha ido consolidando.

No obstante, cabe advertir que muchos diputados han abusado y abusan de la prerrogativa de la irresponsabilidad parlamentaria, ya que, al amparo de esta, dicen cualquier cantidad de barbaridades, sandeces y maldades en el seno del Congreso, que van desde la ofensa, la burla, el irrespeto y el menosprecio hasta la diatriba, la infamia, la canallada, la vileza y la amenaza. En mi opinión, este tipo de imputaciones, en ciertos casos, podrían estar excluidas de la protección.

Incluso, algunos congresistas se aprovechan de dicha prerrogativa para humillar, maltratar y vejar a los funcionarios y empleados públicos que comparecen ante el pleno del Congreso, así como ante las comisiones y bloques legislativos, en el marco de la función fiscalizadora del Legislativo.

Por tanto, esta prerrogativa debe ser revisada, con miras a limitarla o, en su caso, a suprimirla, esto, por supuesto, si las vulnerabilidades parlamentarias se estiman superadas.