Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Las tareas del Congreso

Si bien el Congreso tiene las facultades para decretar, reformar y derogar las leyes, se supone que tal función debe ejercerla en beneficio de sus representados y no precisamente para fines privados y oscuros de algunos de los legisladores y funcionarios.

— Lizardo A. Sosa L.
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Con estupor y alarma generalizada reaccionó recientemente la ciudadanía. ante la pretensión de un grupo de diputados de aprobar sorpresivamente y con carácter de urgencia nacional, una serie de disposiciones legales que pretendían extender un manto de impunidad sobre diputados y funcionarios. El asunto llora sangre, porque si bien el Congreso tiene las facultades para decretar, reformar y derogar las leyes, se supone que tal función debe ejercerla en beneficio de sus representados y no precisamente para fines privados y oscuros de algunos de los legisladores y funcionarios.

Ciertamente le corresponde al Congreso la facultad de decretar, reformar y derogar las leyes, derivada de la delegación del poder soberano del pueblo, concretada mediante el sufragio universal y secreto (Artículo 157 constitucional) en procesos electorales que la Constitución y la Ley establecen para ello, sin desmedro de otras funciones y atribuciones que a este alto organismo del Estado corresponde y que están contenidas en los Artículos del 157 al 181 constitucionales.

La única explicación de las actuaciones de algunos de los diputados que conforman el Congreso actual y que son la causa principal de la desatención que este Organismo muestra respecto del cumplimiento de sus importantes funciones, se encuentra en la deficiente delegación del poder soberano recaído en muchos de ellos, dados los vicios del proceso electoral, en los que los electos –no todos por supuesto– han alcanzado esa representación gracias a oscuros arreglos financieros y políticos o a la compra directa de candidaturas “seguras” y no como consecuencia del respaldo de los afiliados de los partidos que los propusieron, de donde se puede suponer para quién trabajan, a quién sirven y a quiénes realmente defienden en el desempeño de sus cargos.

Decía que el asunto llora sangre, porque en tanto que el Congreso ocupa su tiempo en este tipo de menesteres y se especializa en hacer pasar el tiempo retardando a veces maliciosamente el cumplimiento de sus tareas, se inhibe de conocer iniciativas de Ley de gran importancia para el desarrollo del país, algunas de las cuales se encuentran estancadas esperando turno para conocerse en las comisiones legislativas, en tanto que otras están entrampadas en su primera, segunda o tercera lectura. Y no se diga del hecho incontrovertible de múltiples temas de gran importancia que no reciben mayor atención de la “más alta representación” del pueblo de Guatemala, tales como los relacionados con el medioambiente y el cambio climático.

Solo como una muestra de las numerosas demandas sociales, económicas y políticas pendientes de remozamiento de su respectivo marco jurídico, tarea reservada constitucionalmente al Congreso, se encuentran, entre otras, las siguientes: Reformas Constitucionales relativas al fortalecimiento del sector Justicia; Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Comisiones de Postulación, Ley de la Carrera Judicial, Ley de Servicio Civil, Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo, Ley Orgánica del INE; Ley de la Contraloría General de Cuentas, Ley de Probidad y Responsabilidades de los funcionarios y empleados públicos, Regulación de Fideicomisos Públicos y de Fondos Sociales, etcétera, etcétera.

Y que conste que no se trata de producir una “diarrea” de leyes y más leyes, sino de responder inteligentemente a las necesidades de legislación apropiada que la sociedad guatemalteca necesita para su desarrollo y de promover y lograr los consensos políticos para asegurar el marco jurídico que facilite un mejor futuro para todos.

Es tiempo pues, de que el Congreso se dedique al cumplimiento de sus tareas.

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