Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Instituto de la Defensa Pública Penal

— editorial
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Mediante la Ley del Servicio Público de Defensa Penal (Decreto #129-97 del Congreso) se creó el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), a cargo de la administración del servicio público de defensa penal, con autonomía funcional y total independencia técnica para el cumplimiento de su función, con la finalidad de asistir gratuitamente a personas de escasos recursos económicos.

El IDPP lo dirige un Director General, quien es el representante legal del mismo; dura cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelecto por un período más. El Director General es elegido por el pleno del Congreso de una terna propuesta por el Consejo del IDPP.

El servicio público de defensa penal tiene competencia para: 1) Intervenir en la representación de las personas de escasos recursos económicos sometidas a proceso penal, a partir de cualquier sindicación que las señale como posibles autores de un hecho punible o de participar en él, incluso ante las autoridades de la persecución penal; 2) Asistir a cualquier persona de escasos recursos que solicite asesoría jurídica cuando esta considere que pudiera estar sindicada en un procedimiento penal;
y 3) Intervenir, a través de los defensores de oficio, cuando la persona no tuviere o, no nombrare defensor de confianza, en las formas que establece la ley.

El sistema penal acusatorio exige un equilibrio entre la persecución penal, que le compete al Ministerio Público (MP), y el respeto al derecho de defensa, consagrado en la Constitución y la ley, a cargo del IDPP, que, prácticamente, es una contra fuerza al MP. Por tanto, el Estado debería fortalecer igualmente a ambas instituciones, el MP y el IDPP, igualdad que no se da porque el presupuesto de egresos del MP (Q1.74 millardos) es 8.5 veces mayor que el del IDPP (Q205 millones). Sin duda, un tremendo desbalance que favorece la acusación sobre la defensa.

Recientemente, se informó que el IDPP tiene 297 abogados activos, algunos de los cuales llevan hasta 500 casos cada uno. Esto demuestra la precariedad del IDPP.

Lógicamente, dado el escaso presupuesto, el IDPP tiene una cobertura muy limitada, aunque debe reconocerse que los defensores públicos cada día están mejor capacitados para defender las causas de los sindicados y no son pocos los casos en que ponen en evidencia las deficiencias del MP.

Como podrá advertirse, el IDPP es otra institución del sector justicia poco atendida financieramente, aunque tiene una importancia determinante en la administración de la justicia penal. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas (Minfin), cuando elabora el proyecto presupuestario anual, destina fondos en abundancia a los programas clientelares, a los fideicomisos públicos, al Listado Geográfico de Obras (a través de los Consejos de Desarrollo), a las oenegés, a los convenios colectivos de trabajo del sector público y a burocratización, antes que fortalecer financieramente al IDPP, al sistema de reclusión estatal y a las otras instituciones del sector justicia.

Con estas prioridades estatales, la justicia oficial seguirá siendo ineficaz, por mucho.

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