Miércoles 17 DE Julio DE 2019
Opinión

De un dictamen simbólico de la clase político-distrital

¿Qué delitos ha cometido el hombre para merecer todos estos males? (Erasmo, Elogio de la locura).

Fecha de publicación: 22-03-17
Por: Edgar Balsells

Mientras Jimmy ora e invoca al Señor, con la ayuda de Luis Palau, su Ministro de Finanzas Públicas cede ante la nueva versión de la Ley Ganadera, junto al hombre de hierro de la SAT, quienes no solo son doblegados sino contribuyen con la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda con un dictamen y una propuesta como para ponerle marco.

En oficio del 7 de marzo del presente, el Diputado Adim Maldonado, Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, remite al encargado del Despacho de la Dirección Legislativa, el dictamen elaborado por la Comisión que preside sobre la iniciativa 5246 “Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria”, para su respectivo trámite.

En las firmas ponentes se esperaría que en la versada Comisión estuvieran los más duchos en temas económicos de ese centro neurálgico de la novena calle, o que al menos el cúmulo de asesores que tienen tuviera alguna dosis de entendimiento en esas áreas temáticas. Pero al ver el Dictamen uno sí que se sorprende de la impunidad hasta para evidenciar ignorancia.

En el mismo se incluye el siguiente párrafo, incongruente y cínico a la vez: “el cultivo y transformación de los productos agropecuarios o similares (…) puede tener un tratamiento diferenciado respecto al proceso mercantil en sí (¿) toda vez que no son consideradas personas lucrativas, al igual que los profesionales o el mismo Estado (…) Esta característica permite cierta discriminación respecto a otros sectores que son considerados comerciantes o eminentemente lucrativos, como es el caso de la industria”.

Como para Ripley el dictamencito, firmado y refrendado por los eminentes Padres de la Patria, y es que tal grado de diferenciación les es vital para no ser incluidos en una evidente inconstitucionalidad, referente al principio de igualdad de nuestro texto constitucional, que así se lo pretenden pasar por el arco del triunfo.

Divagar si la actividad agropecuaria y su transformación es o no una actividad lucrativa, o si la transformación es parte del denominado sector secundario de la economía (el sector industrial) es cosa de sentido común, y no se necesita poseer ni siquiera el título de grado de ciencias económicas para entenderlo, demostrando así la deprimente pobreza de la gente que legisla temporalmente en ese antro de intereses, eso sí, puramente lucrativos.

Hasta el desorientado Diputado Mynor Cappa, asediado por los hábiles reporteros de Prensa Libre, en nota del pasado sábado, entiende y desenmascara el interesado Dictamen cuando revela que él creía que “estaba votando a favor de la ley de los industriales”, cuando le pasaron el nauseabundo proyecto de la amnistía legal. A pesar de que allí adentro ni siquiera se preocupan por lo que votan, al menos Cappa sí reconoce que se trata de “un tema industrial”, desenmascarando el cinismo del Dictamen comentado.

En conclusión, quienes celebran con pompa el onomástico de la Carta Magna hoy, nuevamente, pisotean un sagrado artículo que dice así: “en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos”, razón por la cual la propia Cámara de Industria, y la de Comercio se ha mostrado contraria a tales privilegios, como también lo hizo con la también cooptada Ley de Inversión y Empleo.

Esperamos que la Corte de Constitucionalidad reaccione, conforme a los nuevos tiempos, ante la andanada de inconstitucionalidades que tiene una iniciativa que incluso motivará a vergonzosas enmiendas de curul, defendiendo los intereses de los caciques distritales que están dando los últimos estertores de una enferma clase política que está en la metástasis de un cáncer terminal.