Lunes 20 Marzo 2017
Opinión

La reforma del estado en peligro

La batalla está planteada y hay que pelearla.

 

— Mario A. García Lara

El proceso de reforma institucional del Estado, indispensable para impulsar el desarrollo del país y reclamado por la mayoría de ciudadanos (a partir de la ola de indignación provocada por los actos masivos de corrupción revelados hace casi dos años y que culminó con la expulsión del poder del binomio Pérez-Baldetti) ha venido avanzando de forma gradual y sostenida, aunque quizás algo desordenada (tal como lo comentamos la semana pasada en este espacio). Sin embargo, el casi nulo avance que ha tenido en el Congreso la discusión de la reforma constitucional al sector justicia parece denotar que las fuerzas oscuras de la vieja política, que favorecen la impunidad y el sistema patrimonialista-depredador del erario público, amenazan con descarrilar dicho proceso.

Quienes quiera que hayan tenido la infeliz ocurrencia de introducir en la reforma constitucional el tema del antejuicio y el del reconocimiento del derecho indígena deben estar hoy arrepentidos pues, quizá sin proponérselo, les sirvieron en bandeja de plata a esas fuerzas oscuras la excusa perfecta para detener la necesaria reforma funcional y de gobernanza del Organismo Judicial. Ambos temas (el antejuicio y el derecho indígena), aunque son muy importantes, podían (y deben) haberse resuelto mediante reformas a leyes ordinarias sin tocar la Constitución Política de la República. La insistencia en meterlos en el paquete de reformas constitucionales fue un error político que hoy pone en riesgo no solo la reforma al sector justicia, sino las demás reformas institucionales que el país requiere.

Aunque varias mejoras a la justicia pueden hacerse vía legislación ordinaria, existen aspectos que necesariamente pasan por una reforma constitucional: la forma de elección de los magistrados de las cortes; la ampliación del periodo de funciones de los magistrados; la renovación escalonada del pleno de magistrados; la ampliación de los grados que se incluyen en la carrera judicial; la forma de elección y periodo de funciones del Jefe del Ministerio Público; y (aunque no sea estrictamente necesario a nivel constitucional), la disgregación de las funciones jurisdiccionales de las administrativas dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial.

Estas reformas necesarias, que cuentan con un importante grado de consenso social, están ahora en peligro por las maniobras de un grupúsculo de diputados y políticos que prefieren que nada cambie para que el sistema corrupto y patrimonialista recobre impunemente el poder. No es casualidad que, al mismo tiempo que en el Congreso se manejaban tácticas dilatorias para abortar las reformas al sector justicia, se plantearon, de forma precipitada y subrepticia, algunas iniciativas de ley que buscaban, por una parte, excarcelar a los principales acusados de actos de corrupción y, por otra, brindar amnistía anticipada a los actos que legislaturas anteriores pudieron haber aprobado de manera anómala.

Si tales intentos llegaran a triunfar, no solo se estaría haciendo inútil el gesto valiente y trascendental de las autoridades ancestrales mayas de retirar de la discusión el tema del derecho indígena a fin de viabilizar el resto de las reformas, sino que también se estaría sentando un nefasto precedente que pondría en grave riesgo el resto de reformas institucionales. Estas reformas –que son tanto o más importantes que la reforma al sector justicia– incluyen la reforma del servicio civil, la reconstrucción de las instituciones de ejecución y control de la inversión pública y, principalmente, la transformación profunda del sistema electoral y de partidos políticos. La batalla está planteada y hay que pelearla.