sábado 18 marzo 2017
Opinión

Las jerarquías imponen quiénes son las personas inservibles

Las 40 niñas condenadas a muerte, sin juicio previo, es un claro ejemplo.

 

— Rosalinda Hernández Alarcón

Si naciste pobre, si eres mujer menor de 18 años o huérfana; si fuiste objeto de violencia machista en la casa, en la escuela y en la calle; si un familiar o conocido te violó; si saben que fuiste víctima de algún delito de trata o discriminación por ser indígena; si tienes una discapacidad o eres adicta a alguna droga; si son para ti desconocidas las relaciones en armonía y respeto; si te convencieron que no servías para nada ni que tus opiniones merecían ser consideradas; la única puerta de oportunidad que te ofrece un Estado –como el guatemalteco–, es criminalizarte, es identificarte como delincuente que tiene que ser custodiada por hombres armados y abusivos. Esta es la cruda realidad que están viviendo aquellas niñas, niños y adolescentes a quienes un juez dictaminó que deben vivir en un albergue estatal, los que llaman “institucionalizados”, palabra que desdibuja su condición de vulnerabilidad por lo que merecen acompañamiento y cuidados especiales para garantizar sus derechos humanos.

Las altas jerarquías que dirigen las instituciones del Estado en este país todavía siguen sin tener conciencia plena de la dimensión de lo sucedido en el infierno que se nombró “hogar seguro”, y solo ha originado la captura de tres funcionarios y la designación de otros que anunciaron la reubicación de los monitores del mismo. Han pasado diez días sin que se dé a conocer quiénes fueron esos vigilantes y policías que estaban en las instalaciones donde encerraron con llave a más de 50 niñas y adolescentes que protestaban por los tratos degradantes que sufrían, por qué no los investigan. Tampoco se conoce cuántos eran los menores institucionalizados en ese lugar, cuántos se fugaron y por qué súbitamente se dictaminó la salida del albergue mediando solo la elaboración de una orden judicial.

Siguen muchas otras interrogantes… En tanto las investigaciones continúan, es evidente que el Estado guatemalteco tiene sus parámetros para catalogar a las personas: de primera, segunda y tercera clase hasta las olvidadas, las desechables, las inservibles; tomando en cuenta su condición económica, sexo, edad, procedencia étnica y otras situaciones: unas son valoradas y otras menospreciadas. Les invito a pensar en los contrastes que vive la prole de empresarios y oligarcas renuentes a pagar impuestos, en comparación con la de desempleados o trabajadores mal pagados, sin estudios académicos ni vida digna.

Un sistema que se regula sobre la base de las jerarquías ha colocado a unas personas como las sin voz ni opinión, las que requieren castigos y tratos violentos, las que no merecen vivir porque no valen nada; en contraste hay otras –una minoría– que tiene un abanico de oportunidades. Estas relaciones de desigualdad conducen por un lado a la opresión y exclusión de ciertos conglomerados y, por otro, al privilegio y abundancias. Mucha razón tienen quienes exigen justicia y califican esta tragedia como un Femicidio Institucional.