Martes 19 DE Febrero DE 2019
Opinión

Política Social y Secretaría de Bienestar Social

“Las épocas viejas nunca desaparecen completamente y todas las heridas, aún las más antiguas, manan sangre todavía” (Octavio Paz, El laberinto de la soledad).

 

— Edgar Balsells
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Con la tragedia del “Hogar Seguro”, Virgen de la Asunción, la precariedad del denominado “análisis de coyuntura”, desemboca inevitablemente en dos senderos básicos de la mentalidad conservadora capitalina: reformas a leyes y creación de nuevas, para que el gatopardismo continúe. Y la otra contraargumentar sobre la responsabilidad intrínseca del núcleo familiar, deslindando nuestra responsabilidad conjunta sobre el relevo intergeneracional que requiere de alta inversión social, que venga de un sistema fiscal justo y progresivo, como dice la Constitución.

Vivimos, dicen los expertos en estos temas de la cuestión social en una “modernidad líquida”. El patrón en cuestión se manifiesta en la tendencia a la fragmentación, a la división, a la desregulación, la individualización, la privatización y la personalización, y todo ello afecta las relaciones humanas, al igual que la visión del mundo. Hoy en día la solidaridad y el bienestar colectivo ceden su paso a la ley de la selva, una especie de Darwinismo social.

Todo esto último es lo que se ha observado en esta tragedia: que si el Organismo Judicial, que si la Procuraduría General de la Nación, que si el Juez de la jurisdicción; y llaman la atención una serie de comentarios que se dicen ser libertarios como el de uno de los corifeos de esa visión que apuntó lo siguiente en las redes sociales: “madres y padres que abandonaron a sus hijos, pidiendo resarcimiento 3,2,1”. Entonces, con mentes así, todo es un producto trascendente, sujeto a la voluntad y a las responsabilidades del sagrado núcleo familiar. El Estado está eximido, porque algunos lo consideran tan solo como gendarme de las relaciones privadas y de la sagrada propiedad privada.

Está clarísimo que vivimos en una era de lo que expertos en el tema de la cuestión social, como Robert Castel, denomina la presencia de un masivo proceso de desafiliación social, que no es más que la desconexión de las instituciones que ofrecían protección y garantías sociales, y la pérdida de estados de equilibrio anteriores.

Y si no explíquese usted, qué conexión existe entre las propias secretarías de la Presidencia (léase Sosep y Bienestar Social), con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y los gigantes de la política social en cualquier parte del mundo: los encargados de la educación y la salud. ¿Quién los coordina hoy?

Ah, pero eso sí, somos el país de las agendas, la Segeplan se ha encargado de coleccionar un sinnúmero de políticas públicas que vienen todas ellas de esfuerzos aislados que no tienen ni el más mínimo ánimo, primero de integrarse, de calibrarse entre sí, y de echarse a andar con una visión de largo plazo, concretizadas en los presupuestos anuales del Estado.

Cuando se echó a andar el modelo del ajuste estructural, en tiempos de Serrano Elías, se hablaba de un Estado subsidiario. Se aperturó la economía, se liberalizaron las tasas de interés y los precios de todos los bienes y servicios, y se crearon un sinnúmero de compensadores sociales.

El modelo que nos vendieron argumentaba que, abriendo, privatizando y fragmentando (a lo que los teóricos de su tiempo le llamaban “descentralización” y “desconcentración), la economía entraba en un proceso de modernización, vendrían los nuevos empleos, y entonces la gente podría tener gasto de bolsillo para accesar a servicios sociales.

La diáspora de los migrantes, la presencia activa del narcotráfico y de la llamada economía subterránea, muy bien debieron haber sido, desde hace tiempo, motivos importantes para forjar una nueva mentalidad colectiva, que debiera reflejarse en patrones más solidarios de garantías sociales en el escenario público.

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