Miércoles 19 DE Junio DE 2019
Opinión

VIH

Prevención y control del contagio.

 

Fecha de publicación: 11-03-17
Por: Antonio Arenales

Cuando una persona resulta VIH positivo, la carga viral en su sangre va aumentado haciéndose cada vez más contagiosa y sus defensas van disminuyendo hasta que eventualmente enfermará y morirá.

Con los tratamientos existentes la carga viral del contagiado irá disminuyendo hasta ser indetectable y sus defensas subirán permitiéndole una vida tan normal como las de los diabéticos o pacientes renales mientras reciben sus tratamientos.

Con la carga viral indetectable, la posibilidad del contagio es prácticamente inexistente, aun en relaciones sexuales sin protección, mientras que sin tratamiento el contagio por quien tiene elevada carga viral se potencializa enormemente. Un Estado que no facilita los medicamentos, no solo condena a muerte a los pacientes portadores, sino también pone en riesgo de contagio a la población, siendo por ello inaceptable e incomprensible que teniéndose fondos nacionales y de ONU/SIDA, las autoridades incumplan o retrasen la asignación de fondos a los programas que proveen los medicamentos como la Clínica Luis Ángel García.

El Estado se ha comprometido internacionalmente a facilitar el acceso al tratamiento a pacientes VIH, que constituye con el acceso a preservativos, las mejores formas de evitar el contagio.

Puede ser aceptable que iglesias u organizaciones, conforme a sus convicciones, propongan y demanden a sus creyentes la abstinencia y solo permitan la sexualidad dentro del matrimonio, pero es negligente y criminal que pretendan imponer a toda la población restricciones en el acceso a preservativos y tratamiento, argumentando que con ello se  promueve la promiscuidad sexual.

Estas conductas, frente a una enfermedad cuyo contagio puede ser controlado y reducido, constituyen un verdadero crimen de lesa humanidad, pues nos exponen a una pandemia catastrófica.

Los Estados están obligados internacionalmente al acceso gratuito o de bajo costo y accesible de preservativos y tratamientos retrovirales en los servicios públicos de salud y en actuar con determinación contra farmacias que han dejado de vender preservativos y tratamientos.

El Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación deben de garantizar que las instituciones estatales y privadas actúen de conformidad con los compromisos internacionales en materia de prevención y tratamiento de pacientes con VIH.