viernes 10 marzo 2017
Opinión

¿Por qué no las auxiliaron?

Pero hasta ayer por la tarde, nadie explica, por qué no las salvaron.

 

— Silvia Tejeda

¿Por qué ninguna autoridad superior o de mandos medios del Hogar Seguro Virgen de la Asunción auxilió a las niñas y jovencitas que lentamente se ahogaban con humo tóxico de los colchones, mientras a todas sus cuerpos se consumían en las llamas lentamente? ¿Gritaban y gritaban sin que nadie, léase bien, nadie moviera un dedo, expresara un grito para pedir auxilio y salvarlas? ¿Cuál fue la causa de tan perversa, infernal e inhumana decisión? ¿Quién asumió la responsabilidad de no salvarlas? ¿Por qué las dejaron abandonadas a suerte? Si tan solo algún intento hubiera habido tendríamos, por lo menos, el testimonio de bomberos, policías o gente de Conred que estuvieran dando explicaciones de sus esfuerzos.

En veinticuatro horas los guatemaltecos hemos visto al secretario de Bienestar Social y representantes de otras instituciones gubernamentales declarar y emitir boletines para justificarse y muy hábilmente, lavarse las manos de cualquier responsabilidad en lo sucedido la madrugada del miércoles 8 de marzo en ese Centro infernal. Se trata solamente de un solo suceso lamentable por el que están obligados a responder tanto el Secretario de Bienestar Social, como el destituido Administrador del Centro. No es del historial administrativo de ese averno del que nos tienen que hablar. No.

Se ha explicado que se llamó a la PNC para que colaboraran en rescatar a las decenas de fugados y que a esas sesenta niñas y jovencitas las habían logrado capturar y que las regresaron al hogar y ellos, –quiénes ellos– los policías o el personal de administración, las habían encerrado en el lugar, con llave, para mantenerlas castigadas. Hasta ahí se ha logrado recapitular alguna secuencia de la historia. Pero hasta ayer por la tarde, nadie explica, por qué no las salvaron. Es inaudito e irresponsable argumentar que había habido disturbios, que se habían escapado más de ochenta y que unos se habían ido y a otros los habían encontrado y llevados de nuevo al Centro. De los hechos que se dieron ya dentro del Centro desde la una hasta las cinco de la mañana del día miércoles, nadie habla. Mucho menos de quién o quiénes tomaban las decisiones en los momentos de crisis.

Luego, con un cinismo encubridor –quién sabe si son amiguetes o parientes del Presidente mismo–, el Secretario de Bienestar Social culpa al sistema judicial como responsable directo de lo sucedido. Que si los jueces sí, que si los jueces no. Les llama “los organismos jurisdiccionales” que no atendieron sus ruegos, cuando con documentos se demuestra que fue al revés. Pero él no se anima a confesar que fue su indiferencia la que no le permitió responder a los previos requerimientos que le hicieron Unicef, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la jueza Silvia Lorena Vásquez, la Procuraduría General de la Nación, para que encauzara sus políticas administrativas en el sentido de que ahí no se cometieran tantos abusos contra esa población tan vulnerable y tan lastimada por la vida. De las violaciones sexuales que se cometían contra niñas y niños recluidos fingía no enterarse, mucho menos de casos de jóvenes que entraban solas y salían con un niño en los brazos, ni hacer algo por atender sus quejas por la mala comida que se les servía. Ni siquiera estuvo en la sesión previa a informar del suceso para la que lo invitó el Director de la PNC, ni mucho menos asomarse a explicaciones a los acongojados padres de familia que esperaron más de ocho horas alguna información acerca del destino de sus hijos. Por respuesta tuvieron un trato, como si fueran delincuentes: Custodiaron las instalaciones con un cerco tupido de policías.

La prueba más cercana que retrata la indiferencia, la ineptitud y el desparpajo con que ese medio atendía la administración de ese Centro es que, después de cuarenta y ocho horas de haber sucedido una tragedia que se pudo evitar por diferentes medios, la Secretaría de Bienestar Social no tiene la capacidad para aportar las listas, que debió haber manejado sobre los nombres de las niñas quemadas, ni de las fugadas, ni de las hospitalizadas ni de las que han ido muriendo durante las últimas horas. Son los hospitales, los padres de familia, el personal del Inacif y el personal del Renap los que están trabajando arduamente para armar ese rompecabezas del abandono.

Las investigaciones del Ministerio Público, sin duda, aportarán algo más que una historieta esperpéntica, y las autoridades de justicia, a veces tan sometidas a los intereses políticos de turno, son de las que esperamos de la aplicación del rigor de la ley por la muerte de más de 30 vidas humanas.