Sábado 18 DE Noviembre DE 2017
Opinión

Judicialización de la política

La judicialización de la política avala el abuso de poder.

 

— MARIO FUENTES DESTARAC
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Dada la importancia de la administración de justicia, resulta esencial que los juzgadores sean capaces, idóneos, independientes, imparciales y políticamente neutrales, es decir sin inclinaciones político partidistas y sin que favorezcan a determinados intereses o factores de poder o dominación.

En el contexto de la justicia penal, los juzgadores deben controlar la investigación criminal y la producción probatoria, así como hacer valer el principio de contradicción en el marco del debido proceso. Los juzgadores también deben imponer los respectivos límites jurídicos a la acusación y a la defensa dentro del proceso penal acusatorio, así como preservar los valores de libertad y presunción de inocencia.

La politización de la justicia y la judicialización de la justicia son disfuncionalidades del sistema de justicia. La politización de la justicia se presenta cuando la justicia depende o está subordinada al poder político. Son manifestaciones de politización de la justicia cuando los políticos o sus financistas designan con “mano cargada” a los magistrados, inciden abusivamente en la nominación de los jueces, controlan la ejecución del presupuesto del Poder Judicial o despojan de inmunidad a funcionarios judiciales, por motivos espurios, políticos o ilegítimos.

Por otro lado, la judicialización de la política se puede traducir en la convalidación judicial del abuso de poder, en la tutela ilegítima de la acción política y en la persecución arbitraria de opositores y disidentes. O sea que los juzgadores, en lugar de limitarse a administrar justicia pronta y cumplida, prácticamente pasan a compartir o asumir ilegítimamente la conducción política del país, dando pie a una suerte de gobierno de los jueces, que sustituye al gobierno de las leyes.

Un ejemplo elocuente de judicialización de la política se está presentando en Venezuela, desde 2016, a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, un régimen de fuerza, declaró “en desacato” a la Asamblea Nacional (Organismo Legislativo), en cuyo seno la oposición ostenta una mayoría calificada, y privó a dicha Asamblea de la potestad legislativa conferida por la Constitución. La suspensión judicial del referendo revocatorio contra el presidente Maduro también evidenció la sumisión de la acción política.

Los presos políticos o de conciencia también son casos de judicialización de la política, porque los juzgadores se prestan para sojuzgar y castigar injustamente a los políticos y disidentes, dándose cabida a una criminalización de la política o de la opinión de quien discrepa.

Otro caso de judicialización de la política se presenta cuando los políticos o disidentes son intimidados mediante una ilegítima amenaza de ser perseguidos, procesados o encarcelados. Sin duda, la autocensura de los comunicadores y la docilidad de los políticos son algunas consecuencias lamentables de que los juzgadores apliquen el “derecho penal del enemigo”, entendiéndose este como una suerte de criminalización arbitraria y no como la represión legítima de los enemigos del Estado de Derecho. En Ecuador, por ejemplo, la represión judicial de la prensa independiente ha sido una constante de intolerancia bajo el régimen de Correa.

En todo caso, los regímenes autoritarios o totalitarios invariablemente se valen de mecanismos de criminalización de la sociedad, a cargo de juzgadores ad hoc, para imponer su voluntad arbitraria y despótica, así como para castigar a quienes cuestionan o disienten de sus actuaciones abusivas, corruptas o lesivas para la institucionalidad democrática.