Domingo 18 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Naufragio presidencial (Parte I)

El ocaso de JM se debe a un kamikaze político por incapacidad y megalomanía pasional.

 

— Franco Martínez Mont
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Las dinámicas en el Ejecutivo se desarrollan en un clima de estancamiento e ingobernabilidad política, caracterizada por la falta de conducción estratégica en la Administración Pública por el binomio presidencial en ámbitos como salud, educación, seguridad y  desarrollo económico.

El Gabinete de Gobierno se reúne y actúa contra estallidos sociopolíticos, no hay una efectiva implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas, pese a haberse creado la Comisión de Gestión Estratégica (Segeplan, Minfin, SCEP y SPP) que tiene la función de evaluar el cumplimiento de las prioridades de Gobierno.

En este sentido, el Gabinete no tiene rectoría sobre los procesos de planificación y presupuestación pública, específicamente sobre la calidad del gasto público, los ejercicios de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones son escasos o casi nulos, lo cual riñe con las promesas de campaña del ahora presidente constitucional.

El gobierno de JM está debilitado, hay puntos de inflexión abiertos que hacen que la Presidencia sea inestable, y vulnerable política y mediáticamente. Un gobierno sin capital político (disidencia política en algunos temas con la bancada oficialista) que no cuenta con respaldo popular, pero tampoco tiene una crisis callejera permanente (la movilización social y popular es esporádica, la plaza está inerte y todavía no tiene suficiente fuerza para lograr una depuración de los organismos de Estado).

Las dificultades de JM para gobernar se deben a su incapacidad política y la ausencia de un equipo de funcionarios con visión estratégica, pero también por la influencia de militares en asuntos claves de gobierno, algunos vinculados a violaciones a derechos humanos en el conflicto armado interno que operan desde la construcción de escenarios sobre golpes de Estado hasta las recomendaciones para no ampliar el mandato de la CICIG (la petición para retirar a Iván Velásquez), vetar la continuidad de Thelma Aldana en el MP o solicitar la salida del embajador Robinson del país.

La influencia de CACIF-Fundesa en instancias claves del Ejecutivo es innegable (Minfin, Mineco, MEM, CIV, MAGA, Banguat, SESAN, SB, etcétera) para consolidar un modelo de acumulación insostenible que produce desigualdad, violencia y degradación ambiental, esto agrava la conflictividad social producida por el extractivismo, energía y agroindustria, donde las fuerzas de seguridad y el MP han criminalizado la protesta comunitaria e incluso han reprimido a dirigentes indígenas.

framont@gmail.com

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