Sábado 18 DE Noviembre DE 2017
Opinión

Inteligencia criminal o policial

Depende del artesano que los utilice.

 

— Mario A. Mérida G.
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Algunos conceptos relacionados con la investigación criminal y la inteligencia policial han sido trastocados por tanto experto y todólogo, que manifiestan públicamente sus recomendaciones para eliminar la actividad criminal, la delincuencia y la violencia en nuestro país, que tiende a confundir más, que aclarar la manera de resolver el problema.

En nuestro país la inteligencia criminal, está a cargo de la Dirección de Investigación Criminal (Digicri) (Decreto N° 15-2012), que depende administrativamente y laboralmente del Ministerio de Gobernación, pero, “Para el cumplimiento de sus funciones de investigación criminal, los efectivos de la Digicri están subordinados a los Fiscales del Ministerio Público desde el inicio de la investigación hasta la firmeza de la sentencia” (Artículo 3). El fin único de la Digicri, es “La investigación criminal para reunir los elementos que permitan el esclarecimiento de los hechos delictivos y la individualización de los presuntos responsables, a efecto que el Ministerio Público ejerza eficaz y eficientemente la acción penal” (Artículo 4).

La inteligencia policial aporta los pronósticos, para la intervención preventiva. Nuestro país cuenta para esa finalidad con la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici). Las funciones de esta dependencia son diversas. Para fines del presente

artículo, es importante citar las siguientes: “a. Planear, recolectar y obtener información, procesarla, sistematizarla y analizarla, transformándola en inteligencia; b. Obtener, evaluar, interpretar y difundir la inteligencia para proteger del crimen organizado y delincuencia común, los intereses políticos, económicos, sociales, industriales, comerciales, tecnológicos y estratégicos de la República de Guatemala, dentro del área de inteligencia que le corresponde y c. Proporcionar al Ministerio de Gobernación asesoría en el área de la inteligencia civil, para la toma de decisiones y la formulación de políticas y planeamiento para apoyar la prevención, control y combate del crimen organizado y de la delincuencia común” (Artículo 3).

El marco legal y las herramientas para lograr eficacia –objetivos–; eficiencia –uso correcto de recursos– y sustentabilidad –que perduren en el tiempo–, para reducir el impacto de la delincuencia organizada y común, así como mantener el orden público, están en el armario de la institucionalidad, el resultado final pende del artesano que los utilice.