Jueves 19 DE Abril DE 2018
Opinión

Max Quirín: Historia de una infamia (II Parte)

Exigimos a los operadores de Justicia conductas que no violen la Ley.

 

— Danilo Parrinello
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El pasado 18 de febrero, escribí la primera parte de esta infamia. Relaté quien es Max Quirín, y su trayectoria de guatemalteco ejemplar. Que por su espíritu de servicio había aceptado representar al CACIF en la Junta Directiva del IGSS, como ya lo había hecho en la Junta Monetaria y en el Pronacom, y relaté cómo se le acusó, infamemente, por el delito de Fraude en la Administración Pública, y se le capturó el 20 de mayo del 2015, hace un año nueve meses. No se le acusa de asesinato, robo, secuestro o narcotráfico. Señalé también que a pesar de llenar, sobradamente, todos los requisitos para que se le otorgara una medida sustitutiva, infamemente se le negó. Se apeló a donde corresponde y sin razonamiento alguno se negó la apelación.

Hoy continúo con el viacrucis que ha sufrido Max en los juzgados, donde no se han respetado las leyes sin empacho ni vergüenza. El primer amparo se interpuso con fecha 16 de febrero de 2016. La primera instancia se resolvió el 29 de julio de 2016 pero se notificó hasta el 8 de noviembre, más de tres meses después. Se presentó la apelación el 10 de noviembre del 2016 y se le dio trámite el 22 de noviembre, no se ha señalado día para la vista pública en esta apelación, mucho menos se ha dictado sentencia a pesar que el Artículo 66 de la Ley de Amparo, establece que se debe señalar vista pública en un plazo de tres días y dictar sentencia en cinco días.

El segundo amparo se interpuso con fecha 1 de marzo de 2016 por negarse a revisar la medida de coerción no obstante hubiesen variado las condiciones originales por las cuales se dictó la prisión preventiva, es decir, por haber dejado su puesto en el IGSS. La primera instancia se resolvió el 20 de octubre de 2016 pero se notificó hasta el 2 de noviembre. Se presentó una Aclaración con fecha 3 de noviembre pues falsamente se resolvió en sentencia que se estaban interponiendo recursos para retardar el proceso. No se ha dado respuesta a la Aclaración no obstante el Artículo 71 de la Ley de Amparo establece que se debe resolver en 48 horas.

Para mayor infamia no se ha podido apelar porque no se ha resuelto ni ha sido notificada la aclaración. El agravio más fuerte es que el primer amparo puesto por el MP incluyó en su acusación hechos o circunstancias fácticas adicionales que en su momento no imputó el amparista ni tampoco logró una válida reforma del auto de procesamiento para hacerlo. Se supone, de acuerdo con la Ley, que dictado el auto de procesamiento la investigación debe durar un máximo de tres meses, en este caso duró más de un año.

La audiencia de debate oral inició el 26 de octubre del 2016, fueron 33 audiencias en las que se diligenció un 70 por ciento de la prueba y todo apuntaba a que a Max lo tenían que absolver puesto que los propios peritos del MP le dieron la razón. Inexplicablemente el 15 de enero de 2017 uno de los Jueces que integra el Tribunal Noveno de Sentencia Penal se excusó indicando que había recibido presiones de la Magistrada Blanca Stalling. Francamente qué infamia. Urge se corrija este entuerto, incluso por el bien del Organismo Judicial.