Viernes 16 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Los dos miedos juntos

¿Un atisbo de sensatez?

 

— Edgar Gutiérrez
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En esencia, no es el texto de las reformas a la Constitución lo más problemático, es el contexto. Ese contexto, atípico, es ahora un condicionante que determina, pues las reformas se discuten en un mar agitado para distintas elites, políticas, económicas y profesionistas.

Resulta que la seguidilla de persecución penal que arrancó en abril de 2015 el MP y la CICIG, ha removido ela statu quo de varias elites en distintos campos de sus vínculos con el Estado, sea como administradores de recursos, operadores institucionales, contratistas, concesionarios, financistas de campaña, facilitadores para nominaciones a altos cargos judiciales y sujetos tributarios, entre otros. Y son justamente el MP y la CICIG los principales promotores de las reformas, dado que los jefes de los órganos del Estado zafaron bulto (el presidente Morales) o su participación en 2016, cuando se lanzaron, discutieron y avalaron, no resulta ahora expresión institucional (casos de los expresidentes Rojas del OJ y Taracena del Congreso).

Así, las reformas fueron recibidas con desconfianza por la mayoría de esas elites. La manera como se discutieron las propuestas, en varios departamentos y en la capital, no les satisfizo y la calificaron de formal trámite, por parte de la Secretaría Técnica (MP, CICIG y PDH), para revestirlas de legitimidad, pues en esencia no la movieron. De ahí en adelante los críticos solo destacaron los “lunares” de la reforma y con un lente de aumento aparecieron figuras monstruosas. Con las enmiendas en el Congreso la crítica bajó, excepto en el tema indígena, que es calificado, hasta hoy, como “justicia paralela”. En esto hay hipérboles increíbles. El otro día me llamó un diputado: “¿Es cierto que, con el pluralismo jurídico, los indígenas se pueden apropiar de mis fincas?”

Se han juntado los dos miedos. A la justicia que no se controla y presiona a los agentes cooptados tradicionalmente por esas elites, que se autoperciben bajo asedio. Y a lo que puede ser el “despierte, despierte” del desconocido mundo indígena. Digo, “despierte”, pues las comunidades indígenas y sus autoridades ancestrales no están ahora mismo en pie, reclamando ese reconocimiento en la Constitución. Lo que esas autoridades vinieron a exigir es respeto, pues en el afán de descalificar el derecho consuetudinario se ha dibujado una grotesca caricatura.

Un poder con miedo es casi invencible. El problema, esta vez, es que hace la tormenta perfecta que anega el acceso a la justicia de 4 millones de indígenas rurales, en su inmensa mayoría mujeres, sin respuesta del sistema oficial y cuyos sistemas propios están lastimados por varios fenómenos. Las víctimas principales son ellas, maltratadas en los hogares, sin pensión alimenticia para los niños y usurpadas. Si un atisbo de sensatez alumbrara a estas elites, es suficiente que la reforma diga: “La función jurisdiccional se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, por los demás tribunales que la ley establezca, por medio de jurisdicciones privativas, conforme a sus leyes ordinarias y por la jurisdicción de las comunidades indígenas en los casos y en la forma que establece la ley”. Esa respuesta del sistema haría menos ingrata la vida de mucha gente y disminuiría sensiblemente la conflictividad, haciendo más gobernable el país y, por tanto, con mayores chances de inversión en los territorios, sin necesidad de guardias privados, fuerzas de choque de la policía o destacamentos militares, tampoco boicot a los proyectos.

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