Viernes 21 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Estrategia económica

Los países necesitan una visión que inspire la participación de los factores productivos y una estrategia que le dé sentido y le señale un camino a las políticas estatales.

— Oscar Álvarez Marroquín
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Desde hace meses tanto la prensa escrita como el espacio de los telenoticieros es ocupado principalmente con noticias acerca de la corrupción, votaciones para la presidencia de la Corte Suprema, los juicios sobre La Línea, La Cooptación del Estado, La Cooperacha, Odebrecht, los antejuicios a diputados, etcétera. En materia económica, se conoce la iniciativa de construir el Centro Administrativo del Estado (CAE) con un costo de US$240 millones bajo la modalidad de coinversión con el sector privado, en el Congreso se discute una iniciativa para dar tratamiento tributario especial a los ganaderos con el señor ministro de Agricultura argumentando que Guatemala es un país eminente agrícola porque esa actividad ocupa a la tercera parte de la mano de obra guatemalteca (aunque suene a sacrilegio lo que voy a decir, cada vez se ve más reducida su importancia en la actividad económica nacional pues su contribución al PIB se redujo de una tercera parte en 1650 a una séptima parte en 2015, a pesar de los programas de fertilizantes y otros apoyos similares). El señor ministro de Economía parece estar en favor del proyecto de construir el Centro Administrativo del Estado (CAE), aunque no se han conocido los factores que determinan la prioridad de tal inversión sobre otras aplicaciones de los recursos del Estado ni se haya tomado en cuenta la cantidad de edificios vacíos que hay en la ciudad de Guatemala o se haya evaluado la conveniencia de trasladar a algunas provincias la mayor parte de la Administración Pública, y ni siquiera se conozca el análisis de impacto ambiental o acerca de los problemas de tráfico que traería consigo el mencionado Centro Administrativo del Estado; por su parte, los avicultores están propugnando porque se desgrave la importación de pollo. Son ocurrencias desperdigadas sin relación alguna entre sí y la única característica común parece ser el interés particular que por supuesto es legítimo, pero que por implicar sacrificio fiscal, su prioridad necesita ser ponderada respecto a la de otros destinos de los recursos estatales. Como acertadamente lo ha señalado más de uno de los profesionales que contribuyen en los artículos de opinión de este medio, no se tiene una visión, una estrategia ni un programa de trabajo del Gobierno.

Esto no siempre ha sido así en Guatemala. Durante varias décadas las políticas económicas en Guatemala estuvieron orientadas en gran medida hacia el fomento de la industrialización, promoviendo la creación, diversificación y crecimiento de las empresas manufactureras para promover el aprovechamiento de materias primas locales, el fortalecimiento del sector externo mediante la sustitución de importaciones y en alguna medida promoción de exportaciones, generando así fuentes de empleo para la mano de obra guatemalteca. Este impulso surgió básicamente a partir de la emisión del Decreto 459 Ley de Fomento Industrial por el gobierno del doctor Juan José Arévalo el 3 de diciembre de 1947 y es importante resaltar el hecho de que a pesar de que posteriormente se registraron violentos cambios políticos, la estrategia se mantuvo e incluso se fortaleció por el apoyo de sucesivos gobiernos de signo ideológico radicalmente distinto. La Ley de Fomento Industrial descansaba básicamente en protección arancelaria y exoneraciones tributarias para la importación de materias primas y bienes de capital e Impuesto Sobre la Renta, en una época que la importación representaba una fuente fiscal importante. Esa política se vio acompañada de aranceles comunes y liberación del comercio coordinada con el resto de Centroamérica, una Cámara de Compensación para que en cada país las compras a los demás países centroamericanos se pagaran con la moneda propia del país importador sin la utilización del dólar, redescuento por el Banguat a los bancos del sistema guatemalteco para préstamos otorgados hacia determinadas actividades, generalmente con cargo a líneas de crédito de instituciones internacionales. Ese conjunto de políticas lograron que la inversión privada en ese sector creciera, que algunos comerciantes comenzaran a producir los artículos que anteriormente importaban ya terminados, por ejemplo la industria textil, plásticos, hierro e industrias metal-mecánicas y que algunos agricultores pensaran en producir o transformar materias primas que ya se producían en el país, por ejemplo el ajonjolí y el algodón, kenaf, aceites, cerámica. Los ejemplos son abundantes.

Es indudable que en el diseño y aplicación de las políticas dentro de esa estrategia de desarrollo industrial se cometieron algunos errores. Por el ejemplo, el énfasis en la sustitución de importaciones apoyado por la protección arancelaria posiblemente descuidó la necesidad de diversificar y apoyar la competitividad necesaria para promover la exportación, así como la formación del recurso humano necesario para ello. Pero las cifras revelan el crecimiento de la rama “Industria Manufacturera” que de 12 por ciento del PIB que representaba en 1950 subió a 17.6 por ciento en 2015, generó ocupación y estimuló el crecimiento de artesanías y otras ramas de la actividad económica. Estimo que de alguna manera la estrategia de desarrollo industrial estuvo inspirada por el pensamiento en boga durante esa época, que combatía ese dictum que condenaba a los países de la periferia a exportar únicamente materias primas e importar los artículos terminados desde los países del centro. Estos enfoques se vieron trasformados después de la década de los ochenta y el consenso de Washington, pero lo que sigue siendo cierto es que los países necesitan una visión que inspire la participación de los factores productivos y una estrategia que le dé sentido y le señale un camino a las políticas estatales. Considero que la estructura de nuestra balanza de pagos junto con las amenazas que se traslucen de la política anunciada por el nuevo gobierno estadounidense sugieren la necesidad de disminuir nuestra dependencia de las remesas familiares adoptando medidas que estimulen el crecimiento de la exportación. De poco serviría una política que genere mayor empleo local si no se acompaña de políticas que permitan sustituir lo que hasta el presente ha sido la principal fuente de divisas, o sea que en vez de exportar gente exportemos bienes y servicios. Creo que lo aquí expuesto no sólo debería tomarse en cuenta para evaluar las ocurrencias desperdigadas antes aludidas, sino más importante aún, considero básico que el Organismo Ejecutivo, que es el llamado a hacerlo, comience a dar señales de la dirección que tomará la política económica, tanto en el Gobierno central como en las entidades autónomas, que de alguna manera orienten y promuevan las decisiones de inversionistas nacionales y extranjeros. Supongo que en la Segeplan, en los ‘think tanks’ y en el medio profesional guatemalteco existen los talentos necesarios, además de que siempre se pueden complementar con el apoyo de la comunidad internacional, como es usual en otros países de desarrollo similar al nuestro.

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