Jueves 15 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Reforma integral del Estado

El desarrollo económico del país requiere, ante todo, de un aumento en la productividad.

 

— Mario A. García Lara
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Los guatemaltecos solemos desgastarnos buscando alguna solución rápida, cuasi mágica, para superar los graves problemas que impiden el desarrollo integral del país. Solemos apostarle todo a una idea, a una política, a una reforma que, cual piedra filosofal, troque la situación de pobreza, falta de productividad e incapacidad institucional del Estado en una de prosperidad y eficiencia generalizada. Y solemos atrincherarnos ideológicamente en la defensa de tales posiciones sin abrirnos al diálogo.

Por desgracia, no hay atajos para alcanzar el desarrollo, ni alquimias sobrenaturales para diseñar políticas públicas exitosas. Ni la devaluación del quetzal, ni los incentivos fiscales, ni las ciudades intermedias, ni las alianzas para la prosperidad podrán, por sí solas, impulsar el desarrollo nacional. El esfuerzo debe ser integral y sistemático, además de arduo, continuo e, inevitablemente, prolongado.

Puestos priorizar, es evidente que un punto de partida debe ser la reforma institucional del Estado que ya está (desordenadamente) en marcha. El desarrollo económico del país requiere, ante todo, de un aumento en la productividad que, a su vez, depende del fortalecimiento institucional en áreas tales como la efectividad administrativa (gubernamental), el control de la corrupción, la reducción de la inestabilidad política y de la violencia, la disminución de los costos regulatorios, la mayor participación ciudadana, la rendición de cuentas de las entidades públicas, y la implantación del imperio de la ley.

Hay cuatro áreas que deben enfatizarse. La primera es la de la mejora en la eficiencia y calidad del gasto público, que incluye la profundización y sistematización del combate a la corrupción, así como la mejora continua de los sistemas de compras gubernamentales. No se trata solamente de perseguir penalmente a los corruptos; limitarse a ello sería, de nuevo, apostarle a una solución parcial. Se trata más bien de establecer sistemas y controles eficientes. Y que la Contraloría de Cuentas cumpla su mandato.

Una segunda área es la de la reforma al sector justicia cuyo objetivo central sea lograr la independencia de los jueces y del Organismo Judicial. La pieza inicial (pero no única) de este esfuerzo sería la reforma constitucional actualmente en proceso de aprobación en el Congreso que, desafortunadamente, se plasmó en una iniciativa que incluyó errores de forma y de fondo que ahora deben enmendarse para rescatar dicho objetivo central. Es preocupante que tales enmiendas se hagan a la carrera y en medio de un ambiente políticamente cargado e ideológicamente polarizado.

Una tercera área de reforma institucional es la del servicio civil que ponga fin al caos e ineficiencia que imperan en el aparato público e impiden al Estado cumplir sus funciones. Para ello se requiere no solo de una reforma al marco legal del funcionariado público, sino de la voluntad política y el liderazgo necesarios para acabar con prácticas tan nocivas como las plazas fantasmas o los pactos colectivos onerosos. Por eso preocupa que el gobierno aún no haya cumplido con el elemental primer paso de hacer un censo de empleados públicos.

Y la cuarta reforma clave, quizá la más importante, es la de transformar el actual sistema político clientelar, patrimonialista y corrupto, a fin de que los partidos políticos sean realmente democráticos, los funcionarios electos sean realmente representantes del pueblo, y el tribunal electoral sea realmente supremo. Estas cuatro reformas deben emprenderse de forma simultánea y coordinada. No debemos conformarnos con reformas improvisadas, mediocres e incompletas.

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