Sábado 18 DE Noviembre DE 2017
Opinión

¿Justicia o poder?

La justicia es la piedra angular de la convivencia pacífica.

 

— MARIO FUENTES DESTARAC
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La administración de justicia es la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, que se traduce en la aplicación de la ley a los casos concretos, en tanto que el ejercicio del poder político está asociado al ejercicio de la función pública, que se origina de la asignación y el desempeño de los cargos de gobierno o de representación para la consecución del bien común.

La percepción que tengo del proceso de reforma constitucional que se inició el año pasado, es que el debate en torno a fortalecer las instituciones del sector justicia (Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto de Ciencias Forenses, Sistema Penitenciario), con el fin de que la administración de justicia sea pronta y cumplida, ha ido degenerando en una sorda lucha por el poder político, con los ingredientes de pugna ideológica y choque de intereses creados.

En mi opinión, el fortalecimiento de las instituciones del sector justicia, cuya neutralidad en el juego ideológico político es esencial, justifica cualquier esfuerzo legislativo y financiero, porque si se garantiza a la población el acceso a la justicia oficial y una impartición de justicia ilustrada, independiente e imparcial, se logrará que los conflictos se diriman pacíficamente, que la ley se aplique sin excepción a los casos concretos, que se protejan los derechos fundamentales, que se erradique la impunidad (ausencia de castigo), así como que las personas sepan a qué atenerse, lo que se traduce en el imperio de la ley y la seguridad jurídica(seguridad de personas, bienes y contratos). Ojalá que este fuera genuinamente el espíritu del proceso de reforma constitucional del sector justicia.

Sin embargo, últimamente he advertido con preocupación que algunos individuos y grupos, nacionales y extranjeros, pretenden que la causa de la justicia se convierta en una disputa por el poder político, sin reparar en que las instituciones del sector justicia no deben ser objeto de repartición de cuotas de poder. Cabe advertir que muchos ambiciosos en el pasado han sufrido en carne propia las consecuencias negativas del irrespeto de esta máxima no escrita.

La administración de justicia, como ya señalé, debe ser independiente e imparcial, lo que implica que la misma no debe estar sujeta ni obedecer a los dictados de determinadas facciones políticas o ideológicas, ni de grupos de presión o de interés. En todo caso, el debate y la competencia político partidista son propias de la lucha por el poder público en el ámbito electoral, pero no se justifican cuando lo que se busca es el fortalecimiento de la institucionalidad de la justicia, que es la piedra angular de la convivencia pacífica y de la armonía social.

Asimismo, creo firmemente en que el mérito, la independencia de criterio, la funcionalidad, la cobertura y la suficiencia financiera son las bases del fortalecimiento de las instituciones del sector justicia, por lo que en dichos factores clave debemos concentrar nuestros anhelos, esfuerzos, proyectos y recursos.

En suma, la administración de justicia no debe ser convertida en un campo de batalla por la reivindicación, la resistencia y la reclamación ideológico política, tal como lo exigen ciertos grupos políticos y de presión que buscan ganar posiciones de poder o de dominación en medio de la incertidumbre imperante. Tampoco debe ser admitida la pretensión de relativizar o debilitar la plena vigencia, observancia y aplicación de la Constitución, los tratados internacionales y la ley ordinaria. Por tanto, hago un llamado a la reflexión, a la sensatez  y a la moderación.