Miércoles 14 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Urge aprobar el derecho consuetudinario indígena

En memoria de Tani Adams, gran estadounidense chapina.

 

— Fernando González Davison
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Cuando estudiamos en París en la década del setenta, René Poitevin, Luis Alberto Padilla y otros discutíamos la importancia del derecho consuetudinario indígena, a la luz de un debate latinoamericano que impulsaba el pionero mexicano Rodolfo Stavenhagen y nuevos académicos como Carlos Guzmán Böckler, que habían estudiado en la Ciudad Luz. En un momento quise escribir mi tesis de maestría sobre el tema y Guatemala, pero debía que comprender mejor la historia nacional. Fue así que comencé ese camino. A la década siguiente llegué a la Universidad de Tulane como investigador visitante, teniendo como tutor a Ralph Lee Woodward, el gran historiador del siglo XIX de nuestro país. La universidad disponía del mejor centro de documentación histórica de Centroamérica y, leyendo muchos libros y papeles, me percaté que nuestra historia estaba deformada por el sesgo ideológico de cada autor, sea conservador, liberal, marxista… los dos últimos apoyándose mutuamente, pero todos negando el papel de los pueblos originarios en nuestra historia. Para los últimos eran vistos como un lastre del progreso. Ahora se sabe que su ADN es similar al de los japoneses. Así, los historiadores guatemaltecos negaban el papel protagónico que tuvieron en la formación del Estado guatemalteco, sin tener en cuenta la revolución campesina que dirigió Rafael Carrera (1814-1865), deformado en nuestra histórica como un salvaje, para ocultar que gobernó un cuarto de siglo con el apoyo de los indígenas, consolidando el territorio de Guatemala. Es más, luego de la victoria en La Arada el 2 de febrero de 1851, creó el Estado más fuerte del Istmo y creó en el primer Estado intercultural del continente. Su fortaleza se probó de nuevo cuando las tropas guatemaltecas fueron claves en la derrota de los filibusteros estadounidenses en 1857 junto a Costa Rica. Carrera dispuso de alcaldías indígenas y mestizas para administrar e impartir justicia en los pueblos. Una relativa paz fue una consecuencia. Incluso las leyes nacionales se traducían en sus idiomas vernáculos. Todo ello terminó con la revolución autoritaria dizque “liberal” de J.R. Barrios a partir de 1871, quien liquidó el Estado intercultural y mandó explotarlos como siervos. Eran el setenta y cinco por ciento de la población, al tiempo que sus tierras eran expropiadas a favor de unas treinta y tantas familias que formaron la nueva oligarquía.

En esencia, el Estado oligárquico continúa aún y niega ahora las reformas constitucionales impulsadas por la CICIG y el MP, entre ellas la jurisdicción del derecho consuetudinario indígena, para mantener el statu quo. Ello en contubernio con la clase política corrupta que ya conocemos. Ese derecho consuetudinario ya probó en nuestra historia que dio justicia y fortaleza al Estado, aun en sus momentos más difíciles de existencia, como la invasión de Honduras y El Salvador en 1851, y la de los filibusteros cinco años después. De 1871 a la fecha los pueblos originarios –salvo de 1944 a 1954-han sido relegados como simple mano de obra barata, o como proveedores de productos agrícolas que dieron de comer a la sociedad en épocas de recesión internacional, con un sistema de injusticia ajeno a sus intereses. Empero, a la luz de aquel debate latinoamericano, nuestra Constitución reconoció el derecho consuetudinario, pero le faltó reforzar su jurisdicción: la aplicación de una justicia local según sus tradiciones centenarias como respetó Carrera y durante la Colonia con las Leyes de Indias. El Derecho Indígena es reconocido ahora en varios países latinoamericanos y tienen jurisdicción especial, sin provocar autonomías. Ello profundiza la democracia. La nueva justicia de Guatemala requiere transparentar los procesos para elegir a sus jueces y ahondar la democracia entre los pueblos originarios, para impedir que la minoría mantenga una injusticia que debe terminar. Carlos Guzmán Böckler, Severo Martínez y Rodolfo Stavenhagen refrendarían sin dudar la reforma constitucional.

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