Sábado 22 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Abrumados por las extorsiones

— editorial
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Muchos dueños de viviendas y negocios medianos y pequeños (farmacias, tiendas, librerías, talleres, panaderías, abarroterías, restaurantes, edificios, etcétera)
en diferentes zonas de la Capital y de otras áreas urbanas, están abandonándolos debido a las graves extorsiones que les hacen mareros y pandilleros. Asimismo,
no cesan las extorsiones y ataques contra propietarios, pilotos y ayudantes de transportes de pasajeros urbanos y extraurbanos, así como en contra del transporte de carga por carretera.

Las extorsiones se traducen en presiones, mediante amenazas violentas sobre las víctimas, para que estas paguen ciertas sumas de dinero en forma mensual, a cambio de no ser agredidas. Generalmente, los delincuentes ejecutan sus amenazas cuando las víctimas no ceden ante sus requerimientos. Los ataques contra la vida, integridad personal y bienes de los extorsionados no se dejan esperar. Abundan los casos de salvajes asesinatos, violaciones, lesiones y robos que ilustran hasta dónde llegan estos criminales cuando los amenazados no les entregan los dineros que les son exigidos.

El dinero pedido oscila de acuerdo a los recursos aparentes con los que cuentan los extorsionados. Ha trascendido que las peticiones son en dólares estadounidenses y que oscilan entre US$400 (Q3 mil) y US$5 mil (Q38 mil) mensuales (14 pagos anuales). Por supuesto, los requerimientos aumentan cada cierto tiempo al punto que para muchos extorsionados se vuelven prácticamente impagables, lo que puede traducirse en agresiones físicas o psicológicas contra los extorsionados y/o sus familiares, el destierro o, incluso, el asesinato.

Ha trascendido que en la cadena criminal se involucran policías corruptos, con quienes los mareros y pandilleros comparten el producto de las extorsiones. A esto habría que agregar que las autoridades, para acreditarse “golpes de efecto”, hacen redadas de presuntos extorsionistas, pero sin pruebas que los incriminen, lo que obliga a las autoridades judiciales a liberarlos casi inmediatamente. Esto supone una suerte de “puerta giratoria” (de ingresos y egresos) que desacredita y resta credibilidad a la justicia oficial.

Sin duda, la contaminación de agentes policiales causa estragos en todo el sistema de seguridad y justicia, al extremo que la gente no tiene más recurso que defenderse por sí misma de la agresión de la delincuencia. Lamentablemente, la alegación de legítima defensa es tan controversial y difícil de demostrar que muchas veces se convierte en un “búmeran” en contra del que se defiende.

Pero volvamos a los efectos perniciosos del abandono de viviendas y negocios a causa de las extorsiones de los mareros y pandilleros. Los perjuicios sobre la economía son devastadores, ya que la gente pierde sus propiedades, posesiones y fuentes de ingreso, y se ve obligada a comenzar de nuevo en otro lugar o en otra actividad económica, con los costos que eso conlleva, y bajo la asunción falsa de que no va a ser extorsionada por otros delincuentes.

En conclusión, la extorsión es el crimen de mayor incidencia en el país y debe ser combatida por el Estado con toda energía y sin escatimar esfuerzos y recursos.

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