Lunes 24 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Derecho de antejuicio

— Editorial
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El derecho de antejuicio se ha convertido en una verdadera licencia para delinquir, muy conveniente para la clase política en Guatemala. Sin temor a equivocarnos, todos los politiqueros se desvelan por adquirir este patético escudo de impunidad.

El derecho de antejuicio o de desafuero, según la Ley en Materia de Antejuicio, es la garantía que la Constitución otorga “a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley. El antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable”.

Para ninguno es un secreto que los cargos de diputado y de alcalde (que gozan del derecho de antejuicio) son altamente apetecidos por los politiqueros, al extremo que se paga por ser postulado como candidato a esos cargos. No importa el salario que se devengue (esto es irrelevante), ya que detrás de lo que se va es del derecho de antejuicio, es decir de la licencia para delinquir. Tanto es así que ha trascendido que muchos aspirantes a dichas postulaciones pagan, en concepto de derecho de llave, más que lo que van a devengar durante todo el período de sus funciones, sin perjuicio, por supuesto, de la inversión en propaganda.

Sin duda, la construcción del Estado de Derecho a partir de la promulgación de la actual Constitución ha sufrido un rezago lamentable, en gran medida debido al derecho de antejuicio, que ha sido utilizado de manera abusiva por los regímenes de turno, para garantizarse impunidad. Ni bien se había iniciado el proceso de democratización cuando de tajo se dio un “golpe mortal de impunidad” bajo el escudo del antejuicio. Recordamos con grima la decisión del Congreso, con mayoría democristiana, en el sentido de no declarar que había lugar a formación de causa penal contra el diputado Elián Darío Acuña (DCG), sindicado de homicidio, extremo que tergiversó el derecho de antejuicio al no reconocerse que únicamente debía ser reconocido en relación a las actuaciones relacionadas con el desempeño de cargos públicos.

Durante el régimen eferregista (2000-4) se fortaleció el escudo de impunidad, ya que en la Ley en Materia de Antejuicio se estableció que si se declaraba con lugar un antejuicio, o sea que si a un funcionario se le despojaba de su inmunidad, no quedaba automáticamente suspenso en sus funciones, sino que para el efecto sería necesario que el tribunal lo enviara a prisión. O sea que si el funcionario (diputado, alcalde y demás) paga una fianza (medida sustitutiva) para no ir la cárcel puede seguir desempeñando el cargo, a pesar de estar procesado.

La Corte de Constitucionalidad también resolvió, en aquel entonces, que la resolución que no despoja de la inmunidad al funcionario, causaba cosa juzgada, lo que impide que un exfuncionario pueda ser juzgado después de que hubiere cesado en sus funciones, haciendo nugatorio el Artículo 155 de la Constitución.

Incluso, hay algunos que defienden que el derecho de antejuicio debería hacerse extensivo a los exfuncionarios después de haber cesado en sus funciones, respecto de actuaciones acaecidas durante el desempeño del respectivo cargo público. Le denominan “antejuicio orgánico”. Sin duda, esta extensión a los exfuncionarios sería una absoluta aberración jurídica, ya que el antejuicio protege al cargo y no a la persona del funcionario.

Como podrá advertirse, la degeneración del derecho de antejuicio en Guatemala, además de que se ha convertido en un fuero de impunidad, retrata de pies a cabeza a nuestra clase política y, asimismo, evidencia que no existe visión de país ni intención alguna de fortalecer el Estado de Derecho. Por tanto, ha llegado el momento de analizar la reforma substancial de la institución del antejuicio o, en su caso, la supresión del mismo.

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