Lunes 19 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Un sindicalismo privilegiado y corrupto

No es posible que los sectores políticos tan inclinados a servirse del poder sigan apañando un parasitismo dañino.

 

— Silvia Tejeda
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Dentro de los gobiernos corruptos de los últimos quince años la clase política inepta, arribista y cleptómana, entró en contubernio con algunos dirigentes sindicales, firmando onerosos pactos colectivos para asegurar su silencio. Estos sindicatos se caracterizan porque cuando les tocan sus intereses, enarbolan la roja bandera del socialismo y vociferan argumentando que “es la lucha de los trabajadores”. Lo que en realidad defienden son sus solapados y productivos intereses.

Se trata de otra dinámica en la que la corrupción se encadenó entre sectores poderosos y gremios sociales para mantenerse encubierta por grupos que también pueden manipular cuando lo necesiten.

Desde su esencial perspectiva esa estructura se incrementó cuando los empleados se dieron cuenta que por sus manos iban y venían las pruebas de la corruptela que practicaban sus jefes, funcionarios públicos y diputados. Ellos eran los beneficiados a espaldas de cualquier control de la sociedad. El caso paradigmático y la materialización de esa burla se manifestó en el Congreso de la República. Cuando la sociedad se dio cuenta porqué en el dos mil dieciséis el Licenciado Mario Taracena –ahora discriminado por las mafias­– hizo público los delitos cometidos por los “Padres del Saqueo” con el redituable negocio de las múltiples plazas fantasmas frente al silencio tenebroso del sindicalismo del Congreso de la República, por varios lustros.

Simultáneamente se dio a conocer los gratificantes salarios con que las juntas directivas de turno premiaban el silencio de los dirigentes sindicales.

Ante tales realidades tanto arbitrarias como injustas es necesario apoyar la decisión de la Procuradora General de la Nación y Licenciada Anabella Morfín porque ella se ha animado a denunciar ante el Ministerio Público cuatro pactos colectivos firmados entre funcionarios y dirigentes sindicales en los que encuentra justo denunciarlos como documentos ilegales porque comprometen los fondos del Estado y le dan a los sindicalistas la toma de decisiones que solamente corresponden a los Ministros de Estado.

La funcionaria demuestra que estos casos –abusos– debe tomarlos muy en serio ya que su función es defender los intereses del Estado de Guatemala. Por esa misma causa ha referido que en esa Procuraduría se están revisando catorce expedientes más relacionados con los sindicatos y sus pactos colectivos.

Ambas partes que firmaron esos pactos necesitan ser ya cuestionados por la justicia. No es posible que los sectores políticos tan inclinados a servirse del poder sigan apañando un parasitismo dañino, no solamente a las agrupaciones sindicales que no se venden sino a la mayoría de guatemaltecos marginados que necesitan de recursos para no seguir muriendo de hambre y marginamiento. Causas que el sindicalismo no toma en cuenta.

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