Sábado 15 DE Junio DE 2019
Opinión

¿Consulta para todos o para todo?

Hace unos días tuve la oportunidad de asistir a una conferencia interesante sobre el Convenio 169, un instrumento internacional que garantiza los derechos indígenas, y la historia de su implementación en nuestro país. Me parece oportuno dedicar esta columna a la problemática de la implementación del 169 dada la coyuntura actual en la que se judicializan casos como el de Oxec. Asistí con apertura de mente para aprender de estos conceptos y buscar soluciones. Francamente, salí con más preguntas que respuestas y me atrevo a plantear mi propia incapacidad de comprender el impacto real de algunas de estas iniciativas y de afirmar si son lo que más le conviene al nuestro país.

Fecha de publicación: 26-01-17
Por: Salvador Paiz

Guatemala es un país pluricultural. Lamentablemente no hemos logrado diseñar normas de convivencia que nos permitan alcanzar el bienestar común para los guatemaltecos de todas las etnias y estratos sociales, reducir la pobreza y generar oportunidades de trabajo. Existe una agenda pendiente con poblaciones y comunidades indígenas de nuestro país. Sin embargo, citando a Thomas Sowell, “un monopolio moral es la antítesis del mercado de las ideas”. Evaluar distintas rutas para atender estos problemas de raíz no implica un rechazo o abdicación de nuestra responsabilidad colectiva por lograr esas posibles soluciones.

La consulta comunitaria previa a la ejecución de cualquier mega proyecto pareciera ser una buena práctica. Es muy sencillo entender que representa una forma práctica y efectiva para mitigar futuros problemas como vecino de dicha comunidad. Sin embargo, aun cuando pareciera tener cierta lógica para todo proyecto y en cualquier comunidad, la implementación del Convenio 169 a nivel global ha sido compleja y problemática. Entre las dudas sin respuesta están: ¿por qué? Si el proceso de consulta beneficia a la empresa, a la comunidad y al Gobierno (siendo ellos los responsables de implementar dicho mecanismo), y además es algo que las tres partes valoran, ¿por qué nos ha tomado más de 20 años implementar un reglamento que respalde el Convenio 169 y que le dé certeza a todo este proceso?

Un caso muy puntual es el de las hidroeléctricas Oxec y Oxec II, ubicadas en Santa María Cahabón, Alta Verapaz. En noviembre de 2016 la Corte Suprema de Justicia suspendió las operaciones de ambas hidroeléctricas, por violaciones al Convenio 169. Por su parte, los encargados del proyecto afirman haber llevado a cabo un proceso de consulta previa de buena fe. Sin entrar a las legalidades, el Gobierno no ejecuta las consultas porque no tiene reglamento, y este es inexistente porque también está sujeto a consulta. Llevamos tan solo 20 años en este enredo y enviando mensajes contradictorios tanto a las comunidades como a los inversionistas.

El Convenio 169 hace énfasis en los derechos de los pueblos indígenas en cuanto a trabajo, tierra, salud, territorio y educación. Por tanto, manda a que se hagan consultas para todas las cosas que afectan a dichas poblaciones, desde la aprobación del presupuesto de la nación y los montos asignados a las diferentes dependencias del Gobierno, hasta temas específicos del indigenismo. Pareciera una normativa diseñada para países donde dichas poblaciones son pequeñas y aisladas, pero en Guatemala habitamos más de 23 etnias diferentes, cada una con sus propios ideales y su propia cultura. Me pregunto entonces, ¿hasta dónde aplica el Convenio 169?  Cada año el Gobierno asigna fondos al Fondo De Desarrollo Indígena Guatemalteco (Q32 millones), la Defensoría de la Mujer Indígena (Q19 millones) y la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra Los Pueblos Indígenas (Q10.5 millones). Dado que no hubo consulta previa, ¿son esas asignaciones ilegales? ¿Acaso son consultadas las más de 25 comunidades lingüísticas guatemaltecas en estos temas que les afectan? ¿Es esa arbitrariedad conveniente para todo nuestro país y para el diseño de nuestra sociedad? Si cuestionamos la labor de hidroeléctricas como Oxec, entonces también deberíamos de cuestionar estas asignaciones presupuestarias, ¿no?

Valoro el actual ejercicio de diálogo como un esfuerzo por lograr la reglamentación del Convenio 169. Sin embargo, un verdadero proceso de diálogo debería tomar en cuenta a todas y cada una de las partes, incluyendo las empresas y demás ciudadanos. Todas esas voces deben estar representadas para evitar un proceso excluyente o un diálogo de sordos. El producto no será viable sino se incluyen todos los puntos de vista.

Como país, buscamos el bien común y, para ello, valorizamos la participación ciudadana responsable. En ese sentido, me parece oportuno preguntarnos, ¿vamos a legislar para cada minoría o debemos implementar un sistema macro de participación ciudadana, independiente de género, etnia, religión o cualquier otra división que se nos pueda ocurrir? ¿efectuaremos un proceso que asegure la verdadera representación o nos seguiremos auto-segregando cada vez en más grupitos? ¿Estamos seguros que esta segregación racial reduce el racismo?

Somos un país lleno de paradojas, y el tema de las hidroeléctricas no es la excepción. A pesar de que tenemos un gran potencial para generar energía, no existe cobertura eléctrica en muchos de los mismos lugares donde se genera. Por el otro lado, es innegable que todos los Guatemaltecos con cobertura eléctrica nos hemos beneficiado de la reducción de 38 por ciento en la tarifa residencial a lo largo de los últimos dos años, impulsada principalmente por las hidros. La ausencia de reglamentación del 169 es un incumplimiento del Estado que provoca incertidumbre y polarización. Además, atenta contra los derechos constitucionales de la libertad de industria, comercio, trabajo y propiedad privada. Ambas partes, comunidades y empresarios que han confiado al invertir en Guatemala, deben ser protegidas y se debe velar por el resguardo de sus derechos.  Sin certeza, ¿qué futuro nos depara?

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