Domingo 18 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Algunas reflexiones sobre el Convenio 169

El objetivo principal del Convenio es que el Estado debe de nivelar los derechos de las poblaciones indígenas con los del resto de la población.

 

— Carlos Colom
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El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un Convenio ratificado por el Estado de Guatemala en el año 1997. El mismo reconoce que históricamente los pueblos indígenas y tribales no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven, y que los Gobiernos deberán asumir la responsabilidad de tal forma que los miembros de dichos pueblos gocen, en igualdad de condiciones, de los derechos y oportunidades que la legislación otorga al resto de la población. Primera reflexión: El objetivo principal del Convenio es que el Estado debe de nivelar los derechos de las poblaciones indígenas con los del resto de la población, un objetivo que por demás está decir que es loable. Esto es importante ya que en muchas ocasiones se escucha que este es un Convenio diseñado primordialmente para hacer consultas, lo cual no es correcto.

Otro aspecto importante es que el Convenio establece que es el Estado quien debe consultar a los pueblos interesados, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. En relación a este punto, hay dos reflexiones importantes adicionales. La primera es que el Convenio no está enfocado en hacer consultas relacionadas a un determinado tipo de proyecto como una hidroeléctrica, en exclusiva. Más bien, el Convenio establece que la consulta se debería aplicar cada vez que se prevea aprobar una ley, reglamento, acuerdo, decreto, etcétera, susceptible de afectar a una población indígena. Por ejemplo, una ley de aguas, una ley de competencia, y muchas otras que se discuten actualmente, así como posteriormente sus reglamentos, deberían estar sujetos de un proceso de consulta según el Convenio 169, ya que son susceptibles de afectar a estas poblaciones. La segunda es que no es la empresa que desarrolla un proyecto la llamada a consultar, es el Estado porque es quien autoriza lo solicitado, y por lo tanto el incumplimiento del Estado, si fuera el caso, en no haber consultado apropiadamente alguna determinada medida, no debería afectar a quien no es el llamado a cumplir dicha acción.

Adicionalmente a lo anterior, el Convenio establece que las medidas que se adopten para dar cumplimiento al mismo, deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país. La realidad es que el Estado de Guatemala no ha cumplido con reglamentar el proceso de consultas a pueblos indígenas, lo cual, si se ve de manera objetiva y práctica, es indispensable para que los procesos de consulta avancen positivamente. A esto se le suma que el Estado, a través de las Cortes, ha emitido fallos diversos con respecto al tema de consulta, y en ausencia de una reglamentación y reglas claras, empieza a enredarse cada vez más el tema y se dan casos en los que por una parte el Estado, a través de dependencias del Ejecutivo, demuestra que sí se llevaron a cabo procesos de consulta, y el Estado, a través de las Cortes, no las acepta como válidas. Un esquema bastante contradictorio. El Convenio da la solución para esto, al ser explícito en que su aplicación debe de ser flexible.

La aplicación del Convenio debe de servir para cumplir con el objetivo descrito inicialmente, urge reglamentar el proceso de consulta, y el suspender autorizaciones de proyectos de generación de energía limpia y renovable, que entre otras cosas contribuyen a bajar considerablemente las tarifas de energía eléctrica, no es la solución para el país y contradice los objetivos del Convenio. Dichas suspensiones no deben de continuar, de lo contrario, todos lo pagaremos más caro.

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