miércoles 18 enero 2017
Opinión

Elección del Procurador de los Derechos Humanos

De conformidad con nuestra Constitución, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) es un comisionado del Congreso para la defensa de los derechos humanos, dura en el cargo cinco años y cuenta con un presupuesto que le asigna el Congreso.

Son funciones del PDH: 1) Promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental, en materia de derechos humanos; 2) Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas; 3) Investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona, sobre violaciones a los derechos humanos; 4) Recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo objetado; 5) Emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales; y 6) Promover acciones o recursos, judiciales o administrativos, en los casos en que sea procedente; entre otras.

En agosto de este año vencerá el período de funciones del actual PDH, Jorge De León Duque, quien es el quinto PDH bajo el actual orden constitucional. Anteriormente, ocuparon el cargo de PDH, los abogados Gonzalo Menéndez, Ramiro De León, Jorge García, Julio Arango y Sergio Morales.

Conforme la Constitución, el Congreso debe designar una Comisión de Derechos Humanos (CDH), formada por un diputado por cada partido político representado en el correspondiente período. Dicha Comisión propondrá al Congreso tres candidatos para la elección del PDH, que deberá reunir las calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y gozará de las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso.

Por consiguiente, la CDH deberá iniciar, a la brevedad, el proceso de selección de los tres candidatos a PDH, a fin de que el pleno del Congreso elija al PDH que se desempeñará por los próximos cinco años.

Serán asuntos de especial preocupación, atención, evaluación y pronunciamiento del nuevo PDH, entre otros, los linchamientos, las extorsiones, los actos de corrupción en el sector público, la ausencia de independencia e imparcialidad en los tribunales de justicia, la resistencia y obstaculización al acceso a la información relacionada con los fideicomisos de ejecución de gasto público, la falta de acceso a la justicia, la generalizada impunidad y los negocios que se concretan y formalizan en fraude de ley en las instituciones y entidades estatales.

En todo caso, se espera que se seleccione a un PDH que acredite y demuestre, además de capacidad, idoneidad y honradez, independencia de criterio, serenidad, carácter y firmeza.