Domingo 18 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Sobre la ejecución presupuestaria

Si se quiere ser eficiente en la ejecución presupuestaria debe reformarse el sistema, facilitando el gasto y simplificando el control, tanto en Finanzas como en la Contraloría.

 

— Antonio Arenales
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Las protestas por la poca o baja ejecución presupuestaria en algunas entidades públicas ha sido motivo de críticas a instituciones y funcionarios, llegándose a pedir la remoción de algunos funcionarios por ser incapaces de ejecutar sus presupuestos.

En el 90 por ciento de los casos, como poco, esas acusaciones son infundadas e injustas. En primer lugar, porque el dinero presupuestado nunca llega completo a las instituciones ya que los desembolsos por el Ministerio de Finanzas van haciéndose conforme ingresan recursos al Estado, priorizando educación, salud y seguridad y las situaciones de emergencia o desastres naturales. Casi ninguna institución recibe todo el dinero presupuestado y algunas bastante menos, lo cual es normal, porque el presupuesto es así, es una estimación de gastos, con base a una estimación de ingresos y a una normalidad y estabilidad del acontecer político, social y económico. Tampoco toma en cuenta desastres naturales y acontecimientos nacionales e internacionales que nos afectan de diversas formas.

Para la ejecución de lo efectivamente desembolsado el problema lo constituyen las normas y procedimientos. Los trámites y requisitos en el Ministerio de Finanzas, para lograr los desembolsos y autorizaciones para ejecutar los recursos son complicados y lentos. Es además un verdadero calvario cumplir con las enredadas, difíciles de entender y casi imposibles de cumplir, normativas, reglamentos, manuales de procedimiento e instructivos para evitar “reparos” y “hallazgos” de la Contraloría de Cuentas.

Toda compra o contratación de servicios tiene requisitos y condiciones según los numerosos grupos, subgrupos y renglones en el clasificador por Objeto del Gasto; y para las compras hay hasta ahora 52 mil 778 códigos que describen hasta el más mínimo insumo que se quiera adquirir. En el mundo moderno son constantes las innovaciones, por lo que muchos códigos corresponden a bienes que ya no se encuentran en el mercado y es constante que los bienes que se requieren no tengan código, por lo que se debe pedir que se asigne un nuevo código, lo cual tiene trámites adicionales. Si las empresas privadas estuviesen sujetas a similares mecanismos tendrían enormes dificultades para funcionar y para competir y difícilmente sobrevivirían.

Si se quiere ser eficiente en la ejecución presupuestaria debe reformarse el sistema, facilitando el gasto y simplificando el control, tanto en Finanzas como en la Contraloría. Para evadir esa paralizante normativa se crearon los fideicomisos, fondos sociales y secretarías de la Presidencia con funciones ejecutivas, pero como se afirmó en un reciente editorial en este periódico, son inconstitucionales. Conforme a la Constitución solo puede haber Ministerios y Entidades Autónomas, pues están sujetas al control político por el Congreso y control contable por la Contraloría, toda otra institucionalidad debe eliminarse o adscribirse a un Ministerio.

Pero al mismo tiempo que la supresión de esa institucionalidad debe reformarse los procedimientos en Finanzas y Contraloría o el Gobierno no tendría la capacidad de absorber las funciones de la institucionalidad eliminada y colapsaría. La administración pública debiera también limitarse a la planificación y elaboración del presupuesto y ejecución del gasto de funcionamiento, pero toda la obra pública, explotación de recursos estatales y prestación de servicios debería, en lo posible, concesionarse o realizarse por Empresas público-privadas con administradores profesionales.

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