Lunes 24 DE Septiembre DE 2018
Opinión

“Cosa Nostra”

Sin movilización social y popular, las reformas al sector justicia no se aprobarán.

 

— Franco Martínez Mont
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Guatemala es un país con calado histórico de corrupción e impunidad, un territorio impredecible y desestatizado, por eso no extraña que el MP y la CICIG hayan presentado la solicitud de antejuicio contra la magistrada de la CSJ, Blanca Stalling por tráfico de influencias. Stalling presionó al juez Carlos Ruano para que otorgara medida sustitutiva a favor de su hijo Otto Molina Stalling en el caso IGSS-Pisa, un fraude de Q116 millones que ha cobrado la vida de más de 60 pacientes con insuficiencia renal.

Ahora bien, el fenómeno de la picapleitos Stalling es un caso típico del enquistamiento de los CIACS, quienes se definen como “redes ilegales conformadas por civiles y militares que pertenecieron o pertenecen a las estructuras del Estado; donde también hay funcionarios de distinto rango, empresarios y, en general, personas de distintos sectores nacionales que responden a determinados fines, empleando sus medios de poder. Los CIACS no constituyen un grupo único y monolítico, sino son redes que han cooptado las instituciones públicas, creando un estado de mafia corporativa. Es decir, una alianza nefasta entre los sectores tradicionales de la oligarquía, algunos ‘nuevos empresarios’, elementos de la Policía, el Ejército, y delincuentes comunes”. (WOLA, 2004).

En este sentido, las leguleyadas de Stalling, Charchal, Reinoso, Aguilar, Orellana y otro sinfín de abogados mafiosos configuran el modus operandi de los poderes paralelos con la connivencia de las universidades, bufetes privados y el CANG; la legalidad los embiste de inmunidad. Por cierto, ¿Cuáles serán las conexiones, actores e información confidencial que el Rey del Tenis develará para desarticular otras estructuras criminales, no necesariamente ligadas al sector justicia?

Por ello, cínicamente el corporativismo neoliberal elige a través de las Comisiones de Postulación a los “honorables” togados que deciden sobre los casos de corrupción sistémica (La Línea, TCQ, Cooptación del Estado, Registro de la Propiedad, etcétera), los procesos de violaciones a DD. HH. durante el conflicto armado (genocidio), y el despojo, crímenes ambientales y ejecuciones extrajudiciales por parte de las empresas agroindustriales, extractivistas y energéticas.

Tal y como diría Walter Benjamín, el derecho nace como dispositivo de poder de las élites dominantes para legitimar las violencias y la desigualdad, se cristaliza a través de la positividad legal, ahora se entiende porqué la jurisdicción indígena atenta contra el statu quo criollo.

framont@gmail.com

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