Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Préstamos del Banco Mundial

— Editorial
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A principios del mes de noviembre del año pasado, el Directorio del Banco Mundial (BM) aprobó otorgar a Guatemala un préstamo de US$250 millones para financiar el déficit presupuestario. Asimismo, la Junta Monetaria (JM) emitió dictamen favorable para que se contrate dicho préstamo.

Según informaciones de prensa, el BM, a través de su subsidiaria Corporación Financiera Internacional (CFI), financió e invirtió en el proyecto que se originó del contrato de usufructo oneroso celebrado entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), a través del Subinterventor de esta, y la entidad Terminal de Contenedores Quetzal, S. A. (TCQ), mediante el cual la EPQ dio en usufructo a TCQ una fracción de 348,171.81 metros cuadrados del inmueble donde se localiza Puerto Quetzal, y otorgó a TCQ un contrato de obra (construcción de la terminal de contenedores) y la cesión del servicio público de “satisfacer la demanda de tráfico portuario, tanto para carga y descarga de mercaderías, como para el embarque y desembarque de personas”.

Lo anterior a pesar que el BM había sido advertido por Acción Ciudadana (AC) de las irregularidades y anomalías alrededor de dicha negociación, así como a sabiendas que el partido Encuentro por Guatemala (EG), una entidad de derecho público, había impugnado de nulidad la referida contratación.

Sin duda, la decisión de la burocracia del BM de financiar e invertir en un proyecto jurídicamente cuestionado y que ahora, ¡oh sorpresa!, se ha revelado que fue fraguado en medio de componendas oscuras y corruptas, evidencia, por un lado, un inaudito menosprecio de nuestro régimen de legalidad y, por otro, una actitud festinada de involucrarse en un negocio opaco (que supuso una suerte de convalidación de un fraude de ley) sin la debida diligencia, lo que hubiera supuesto desentrañar el proyecto portuario, no solo bajo un enfoque financiero y económico, sino que también bajo una óptica de legalidad y transparencia.

Inequívocamente, estas omisiones demandan una profunda investigación por parte de la Junta de Gobernadores del BM, que es el órgano superior jerárquico de la institución.

En todo caso, el Estado de Guatemala no debería aceptar préstamos del BM mientras no se resuelva el referido caso del usufructo oneroso y los responsables de esta negociación, entre ellos el BM, no hayan indemnizado con suficiencia al país por los daños (morales y materiales) y perjuicios causados.

Por consiguiente, en tanto no se resuelva el asunto de TCQ, el Congreso no debería aprobar nuevos préstamos que otorgue el BM y la JM no debería favorecer la contratación de préstamos con el BM.

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