Lunes 23 DE Octubre DE 2017
Opinión

Oxec y consulta popular

Derecho de las poblaciones a vivir en paz.

 

— Helmer Velásquez
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La cuestión de la consulta a los pueblos, asoma de nuevo al debate nacional, esto, a raíz de las últimas resoluciones de las Cortes: de Constitucionalidad y Suprema, sobre la necesidad de respetar –por las empresas– el derecho de los pueblos a su ejercicio. Sin embargo, como tantos otros dictados legales, en este país, simplemente se ha hecho caso omiso de aquel derecho. Tanto por Estado como empresas. Ambos entes, parten del supuesto que la inversión prevalece sobre cualquier otro derecho. A pesar de aquello, algo ha ido cambiando en este querido país –a fuerza de lucha popular y social– las Cortes se han hecho contestes en sentenciar: que no hay proyecto, sin consulta previa e informada.

Los Bufetes alrededor de las inversiones, güizaches y políticos al servicio de capitales, nacionales y foráneos, han corrido –previo pago de honorarios– a proponer fórmulas para burlar, aquel derecho: han ido, desde consultas cerradas: dirigidas solamente a aquellas personas, a quienes la llegada de forasteros les significa algún ingreso. Comerciantes, hoteleros, vivanderas, peones o agentes de seguridad contratados en los prolegómenos del proyecto y Alcaldes que se motivan por interés pecuniario o promesa –falsa por cierto– de empleo masivo y desarrollo comunitario. Otra gracejada, maloliente ha sido la contratación de organismos no gubernamentales, que van por allí, “regalando” láminas, tinacos y otros aditamentos de “desarrollo” con el fin de <aceitar> la mente comunitaria. También compran voluntades de lugareños que se ven tentados con dádivas. Ningún esfuerzo serio –de Estado y empresa– para informar objetivamente ventajas y desventajas del proyecto y menos aceptar consulta en serio de las comunidades y respeto al resultado.

El debate no está –para el caso de la generación de energía– si esta es limpia o sucia. Esa discusión tendrá como marco la matriz energética nacional. La cuestión, en esta nota, es el respeto al derecho de las comunidades a decidir y discernir libremente entre fuentes reales de desarrollo (para ellos) y señuelos para enriquecimiento de elites, que luego exportan energía. ¿Por qué? si comunidades y Estado aportan el recurso más importante: agua. No son socias –las comunidades– al 50 por ciento, el Estado un 30 por ciento y el capitalista 20 por ciento. El propietario de las aguas es el Estado. Guarda un bien público. La comunidad que habita donde está el bien, tiene derecho prioritario de uso. Sí cede parte de su derecho. Cuidará el agua para todos. Coadministrará el proyecto y generará ingresos para educación, salud y desarrollo.