jueves 12 enero 2017
Opinión

Militares al banquillo

Cualquier cosa puede suceder también en contra de jueces y fiscales.

 

— Miguel Ángel Albizures

Este viernes 13 de enero, es de mal agüero para varios militares y por supuesto para la mayoría de quienes conforman la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) y la Fundaterror que dirige un desequilibrado que siempre sale de noche y ve micos aparejados. No sería raro que culpen a la CICIG, pues siguen rebuscando motivos para oponerse a su presencia en Guatemala, aun cuando el juicio que van enfrentar es por hechos acaecidos hace 36 años.

Mañana viernes, a las ocho de la mañana estarán frente al juez Víctor Hugo Herrera los acusados: Benedicto Lucas García, Francisco Gordillo, Edilberto Letona Linares, Manuel Callejas y Hugo Ramiro Zaldaña quienes tendrán que responder por la desaparición forzada, en octubre de 1981, del niño Marco Antonio Molina Theissen y por delitos de deberes contra la humanidad y violación agravada. La audiencia de fase intermedia –que fue suspendida en abril del año pasado– será en el 12 nivel de la Torre de Tribunales en donde el juez tendrá que decidir si los acusados enfrentan un juicio oral y público.

Hay que tomar en cuenta que este juicio, complica la situación de seguridad de muchas personas defensoras de derechos humanos y, especialmente, de la familia Molina Theissen que valientemente no ha cejado en su lucha porque se haga justicia y se esclarezca el paradero de Marco Antonio. Cualquier cosa puede suceder también en contra de jueces y fiscales, pues los tigres están heridos porque han querido entorpecer los procesos y hasta el momento no lo han logrado.

Hay que tomar en cuenta que esta semana, un miembro de la Fundaterror, el abogado Francisco García Gudiel, –defensor de militares genocidas, narcos y corruptos– amenazó de muerte al licenciado Marco Antonio Sagastume, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, es decir, son capaces de cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos, pues no hay que olvidar que este mismo abogado fue suspendido un año por su comportamiento irrespetuoso ante el tribunal que presidía la jueza Yassmín Barrios. Esperamos que el Ministerio Público le dé seguimiento a la denuncia, y lo mande a acompañar a los militares detenidos que él no fue capaz de defender.

Ya sabemos que la extrema derecha, relacionada con las mafias, no tiene argumentos para debatir las opiniones, por eso recurre primero al insulto, después a la amenaza, para pasar a la eliminación física de quienes no guardan silencio ante las atrocidades y robos que cometen. El asesinato el año pasado de varios dirigentes comunitarios, sindicalistas y periodistas, así como lo demuestran también las constantes amenazas a Jose Rubén Zamora, al juez Miguel Ángel Gálvez, a la Fiscal General y a otros jueces que están aplicando la justicia, cuando los hechos no dejan lugar a dudas, y debe aplicarse.