jueves 12 enero 2017
Opinión

Ética y corrupción

Los políticos deberían leer a Kant.

 

— mario mérida

La corrupción es la desviación de la ética pública (Rodríguez –Arana. Ética y empleados públicos. (Citado por Bautista, Óscar. La ética y la corrupción en la política y la administración pública). La excusa frecuente para que ocurra se atribuye a la falta de control por las instancias correspondientes; la situación de crisis por la que atraviesa el sistema político o la indolencia del ciudadano como natural y obligado auditor del quehacer político.

El tema de la corrupción pública, es tan relevante que la Oficina de Ética Pública y la Agencia de Información de los EE. UU., promovió un congreso en Washington, D. C., para analizar este fenómeno, al que asistieron representantes de cincuenta y cinco países (1994). El resultado inmediato de estos encuentros, es la creación de instancias de control más sólidas e independientes, regulaciones legales más severas o programas específicos, que generan espacios para el surgimiento de Organizaciones no Gubernamentales de control externo. Rara vez se promueven campañas de participación ciudadana o formación de la clase política. En este punto, es pertinente citar algunas líneas de la filosofía política de Kant (Corrupción y Transparencia), en las cuales manifiesta que la corrupción se encuentra en sincronía directa con la inmoralidad del moralista político y la transparencia se relaciona con la labor desarrollada por el político moral. Este último, es el que en verdad logra conciliar la política con la moral, teniendo como escenario un gobierno republicano. En tanto que al moralista político, se le concibe como el representante inmediato de las acciones antimorales, quien considera a la moral como mera demagogia y retórica. (Citado por Misael Flores Vega y Jaime Espejel Mena). Los políticos deberán leer a Kant.

Cualquier persona que decida actuar en política, debería comprender que esta es el medio para optar a un cargo público; una vez se le reconoce ganador y asume el puesto, deja de ser político para convertirse en funcionario público. En otras palabras, no se eligió para continuar haciendo política, sino para llevar a la práctica su propuesta de gobierno a través de políticas públicas, planes y programas.

Elegir es la primera decisión del elector. La segunda y quizás la de mayor impacto para el bien común, es la fiscalización de la persona electa –funcionario–, aunque no haya votado por él. Esta es una obligación inherente al derecho de elegir.