Miércoles 11 Enero 2017
Opinión

Pobre crecimiento económico

— Editorial

Según informaciones del Banco de Guatemala (Banguat), en 2016 el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó en menos del tres por ciento y el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) se redujo a la mitad con respecto al año 2015. Asimismo, el crecimiento demográfico en 2016 se situó por encima del dos por ciento. Es decir que el porcentaje de crecimiento del PIB (crecimiento económico) menos el porcentaje de crecimiento poblacional resulta en un aumento de ingreso neto de menos del uno por ciento. Paupérrimo para afrontar los grandes desafíos que tiene nuestro país por delante.

El nivel de deuda pública ya está por encima del 25 por ciento del PIB, sin tomar en cuenta el adeudo estatal al régimen de seguridad (Q30.5 millardos), las deficiencias netas acumuladas (pérdidas operativas acumuladas) del Banguat (derivadas de la ejecución de la política monetaria) no cubiertas por el Gobierno (Q25 millardos) y la deuda pública flotante (Q10 millardos).

La carga tributaria se aproximará a un 12 por ciento del PIB, casualmente la meta de carga tributaria anual prevista en los Acuerdos de Paz, aunque, por supuesto, sin alcanzar la meta de tasa de crecimiento del PIB anual contemplada en dichos Acuerdos (seis por ciento).

Por otro lado, lo más probable es que para el 2017 el déficit fiscal exceda el 2.5 por ciento del PIB, extremo que supone que se mantendrá la espiral de endeudamiento público.

Lo prudente sería que, en vez de que irresponsablemente se continúe endeudando al país, para fines de seguir gastando más y más, las autoridades deberían presentar opciones viables para estabilizar el endeudamiento público, desburocratizar el sector público, revisar los convenios colectivos de condiciones de trabajo en las instituciones y entidades estatales, eliminar los subsidios estatales, desmontar el financiamiento al Listado Geográfico de Obras (la mayor fuente de clientelismo político) y desmantelar el sistema paralelo de gasto público (fideicomisos de ejecución de gasto público, fondos sociales, oenegés, secretarías y comisiones presidenciales, programas clientelares)

Asimismo, ya es tiempo de que se modere la exigencia de aumentar la carga tributaria y que se ponga un alto al cambio continuo de las reglas del juego en materia tributaria, que se traduce en una permanente inestabilidad e incertidumbre para los agentes económicos.

Otras cuestiones que son vitales para lograr la eficacia y eficiencia fiscal son la adopción de políticas públicas de disciplina fiscal y de equilibrio presupuestario. La regla de oro fiscal debería ser que el Gobierno no debe gastar más de lo que recauda en concepto de ingresos fiscales (tributarios y patrimoniales).

Lo anterior sin perjuicio de que ya no es posible que continúe el gasto público discrecional, el despilfarro y la corrupción escandalosa en el sector público. Para esto es esencial la adopción de políticas públicas de transparencia, racionalización, calidad y priorización del gasto público.

Entonces nuestro reto como país es destinar más recursos públicos a inversión el mejoramiento de los servicios públicos esenciales (justicia, seguridad, educación salud, alimentación, infraestructura física) y estimular la inversión privada productiva, especialmente aquella sustentada en la innovación tecnológica y la diversificación. La meta es alcanzar un crecimiento del PIB del orden del seis por ciento anual, tal y como lo contemplan los Acuerdos de Paz.