Sábado 20 DE Julio DE 2019
Opinión

Golpe artero contra la participación ciudadana

Fecha de publicación: 09-01-17
Por: Editorial

Mediante el Artículo 26 del Decreto 26-2016 del Congreso, que contiene las últimas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), se incorporó el Artículo 94 Bis, que dice: No será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de la organización política, las asociaciones y fundaciones que lo promuevan. Previo a la sanción deberá agotarse el procedimiento establecido en el Reglamento.

Esto supone que cualquier persona individual que aparezca, antes de la convocatoria a elecciones, en los medios de comunicación, sea periodista, comunicador, académico, profesional o simple opinante, dando declaraciones o haciendo análisis o reflexiones, a través de entrevistas, columnas de opinión, exposiciones o notas de prensa o informativas, que, posteriormente, decida participar y ser postulado por una organización política como candidato a un cargo de elección popular, puede ser acusado de haber hecho campaña anticipada y que no sea inscrito como candidato por la autoridad electoral.

Tampoco los personajes públicos vinculados o no a organizaciones políticas pueden dar declaraciones públicas ni permitir que su imagen y nombre aparezca en los medios de comunicación social, que podrían tener aspiraciones a ocupar cargos de elección popular, porque podrían ser vetados a la hora de querer participar y someterse a un proceso eleccionario. Todavía peor, si una persona individual, cualquiera que sea su disciplina o interés, sea funcionario público o no, emite opiniones, pensamientos o informaciones sobre temas nacionales, a través de los medios de comunicación, sin que esté pensando en optar a cargos de elección popular en ese momento, y dentro de dos o tres años se presenta la oportunidad de ser postulada como candidata a un cargo de elección popular, la autoridad electoral, al momento de presentarse para su inscripción, tendría que abstenerse de inscribir la respectiva candidatura.

Esto supone la criminalización de la ciudadanía y de la acción política, así como la violación de los derechos de optar a cargos públicos, de acción y de expresión de ideas. Empero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue más allá e incorporó al Reglamento de la LEPP el Artículo 62 Quater (una ampliación de la ley), que dice: A quien de acuerdo a la actividad descrita en el Artículo 94 Bis de la Ley, publicite su imagen, promoviendo su figura en época no electoral simulando noticias (infomerciales) o presentaciones apolíticas, o valiéndose para el efecto de organizaciones políticas, o utilizando a otras personas individuales y/o jurídicas, fundaciones, asociaciones lucrativas, y no lucrativa u otras entidades, o realizando otras actividades análogas, será sancionado con el procedimiento siguiente. El Registro de Ciudadanos o el TSE notificará a los interesados de conformidad con la ley o mediante una sola publicación en el diario oficial, indicando que se encuentra comprendido por lo menos en una de las actividades de propaganda ilegal reguladas en la normativa electoral vigente, advirtiéndole que su actuar constituye impedimento para negarles su postulación e inscripción como candidato o candidata para cargos de elección popular en el evento electoral. Se fijará el plazo de 8 días para suspender la actividad o actividades que se traten. Dentro del plazo fijado podrá comparecer y declarar bajo juramento sobre los extremos siguientes: a) Que suspende inmediatamente la actividad de propaganda ilegal; b) Que dentro del plazo aludido, ha retirado la propaganda ilegal instalada y/o publicada por cualquier medio; c) Que aporta la prueba documental que estime pertinente; o en su caso, de manifestar lo que a su derecho compete. Durante los 15 días siguientes al vencimiento del plazo, el TSE analizará las declaraciones y las pruebas aportadas, efectuará las verificaciones pertinentes, y dentro de los 5 días siguientes emitirá la resolución que corresponda.

¡Qué horror! ¡Qué ocurrencia más insensata! ¿Qué pretenden con esto, señores diputados y magistrados del TSE? ¿Imponer la ley penal del enemigo? o ¿Retornar a la vieja práctica politiquera que dice: Para mis amigos la justicia, para mis enemigos la ley? ¡Urge impugnar o derogar esta degeneración de la regulación electoral!