Martes 20 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Se necesita una Ley de Quiebras

Por quiebra económica se entiende aquella situación en la que personas individuales o jurídicas se ven imposibilitadas de hacer frente a sus obligaciones, por ser estas superiores a los recursos económicos disponibles.

— Juan José Micheo Fuentes
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¿Cuáles son las principales causas de una quiebra? Falta de visión empresarial, mala gestión gerencial, crecimiento acelerado de ventas, insuficiencia de capital, poca innovación, obsolescencia tecnológica, gastos excesivos, malas decisiones estratégicas, incursión en negocios que no dominan, fraude o desacuerdo entre accionistas; entre otros.

El riesgo empresarial se agrava en los ciclos económicos recesivos, tal el caso emblemático ocurrido en Estados Unidos en el año 2008 con la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers que acumulaba Activos por US$691 millardos; factor importante que desató la crisis económica mundial. En Guatemala, en las dos últimas décadas hemos presenciado la quiebra de entidades bancarias que causaron pérdidas cuantiosas de capitales; dando lugar a procesos judiciales que por falta de un marco legal apropiado, permanecen aún en litigio en los tribunales.

Está demostrado que compañías que entran en insolvencia de pagos, sus clientes aplazan el pago de los créditos concedidos. Los acreedores acuden en forma precipitada a cobrar y los accionistas se ven indefensos ante la ola de demandas judiciales. Simultáneamente, se produce el despido masivo de empleados, muchas veces sin paga, abandono de instalaciones, fuga de dueños y administradores; en pocas palabras, destrucción de capital de la unidad productiva. Para evitar esos problemas en otros países se han diseñado leyes de quiebras que tratan de conservar en la medida de lo posible la unidad económica, reorganizando las que tienen futuro o disolviendo aquellas económicamente inviables que se acogen a procesos de liquidación ordenados.

En Guatemala, se necesita una Ley de Quiebras –similar a la de Estados Unidos (Capítulo 11)– que en una primera etapa suspenda las gestiones de cobro contra la empresa, embargos, desahucio y ejecución de hipotecas, en tanto se examina la situación real y se reestructura o liquida de manera técnica e imparcial, tratando de mantener los puestos de trabajo, el equilibrio de intereses entre dueños y acreedores a fin de ocasionar las menores pérdidas posibles.

Así mismo, se necesita que dicha legislación contemple los procesos de insolvencia de individuos o personas físicas que permitan rehabilitar a los quebrados o que estén en listas negras. Caer en impago puede sucederle a cualquiera por muy diversas circunstancias; por eso, se necesita de instrumentos jurídicos que aseguren restituir el buen crédito de quienes se encuentren en esa situación. Y, que salven emprendimientos viables o apoyen reemprender negocios aparentemente inviables bajo otras modalidades. Es una realidad que siete de cada diez emprendimientos fracasan, por dicho motivo deben estar considerados.

Vale la pena tomar como referente la Ley Concursal chilena que contiene una reglamentación moderna, ágil y eficiente, en línea con las mejores prácticas internacionales en esa materia.

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