Martes 20 DE Noviembre DE 2018
Opinión

La Copredeh no puede disponer de fondos públicos

— editorial
Más noticias que te pueden interesar

La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), creada durante el régimen de Jorge Serrano Elías (1991-3), mediante el Acuerdo Gubernativo # 486-91 de fecha de 12 de julio de 1991, se concibió como una dependencia de apoyo al Presidente de la República en la cuestión de derechos humanos.

Las Secretarías de la Presidencia están previstas en la Constitución y definidas en la Ley del Organismo Ejecutivo (LOE) como “dependencias de apoyo a las funciones del Presidente de la República”, casualmente al igual que la Copredeh.

Si bien la LOE admite la existencia de comisiones temporales (de duración limitada) en el Gobierno, no contempla comisiones de duración permanente e indefinida, lo que en realidad es la Copredeh. Por consiguiente, la Copredeh es, prácticamente, una Secretaría de la Presidencia, pero sin que sus funciones y atribuciones estén previstas en la ley, como sí ocurre con las Secretarías de la Presidencia.

Las comisiones presidenciales son creadas mediante acuerdo gubernativo y coadyuvan con el Presidente de la República en ciertas áreas complementarias, como podría pensarse en materia de derechos humanos. Son, por naturaleza, ad honorem, porque no tienen presupuesto propio, ya que no puede asignárseles recursos financieros, ya que no están reguladas por ley.

Sin embargo, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) ha venido asignando recursos financieros en el presupuesto estatal a la Copredeh, desde su creación,
por supuesto de manera ilegal y arbitraria.

La Copredeh gastó Q137.8 millones presupuestados en 2016, erogación que solo fue superada por la Secretaría de Bienestar Social (Q175 millones) y por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Q140.1 millones). La Secretaría General de la Presidencia, que es una dependencia constitucional y la más importante del Ejecutivo, solamente contó con Q12 millones en 2016.

Para el año 2017, el Congreso, a propuesta del dispendioso Minfin, asignó a la Copredeh, en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, un presupuesto de gasto que asciende a la suma de Q208.1 millones, lo que supone un aumento del 51 por ciento con respecto al presupuesto de gasto asignado para el año 2016.

Mientras tanto la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) han venido haciendo un mutis total de cara a esta grotesca ilegalidad financiera. En todo caso, cabe advertir que la CGC tiene las herramientas legales para reparar la asignación de recursos financieros a la Copredeh, las cuales están previstas en el Artículo 4, literal a), de la Ley Orgánica de la CGC, que dispone que esta es “el órgano rector de control gubernamental” y que “Las disposiciones, políticas y procedimientos que dicte en el ámbito de su competencia, son de observancia y cumplimiento obligatorio para los organismos, instituciones, entidades y demás personas a que se refiere el Artículo 2 de la presente Ley”; y en el Artículo 20, literal j), de la Ley Orgánica de la CGC, que establece que esta tiene la atribución de “emitir las recomendaciones correspondientes para garantizar la calidad del gasto público, las cuales serán de cumplimento obligatorio por parte de las entidades, instituciones y Organismos del Estado”. Por tanto, exigimos al Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, que actúe en consecuencia.

Etiquetas: