Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Tributación local

— Franco Martínez Mont
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Fiscalidad y tributación = corazón de las relaciones de poder dominantes.

La “transición democrática” –aparejada de la aspiracionista Constitución de 1985– y los Acuerdos de Paz idealizaron el regionalismo político, supusieron que la reforma del Estado iba a tener como actores claves a las Municipalidades, diseñaron al poder local como variable residual del proyecto neoliberal (Arzú consolida el despojo republicano privatizador, pero el operador pionero fue Cerezo).

Y aun, cuando la narrativa de la Carta Magna plantea en el Régimen Económico y Social que son obligaciones del Estado promover la equitativa distribución del ingreso nacional, la descentralización económica administrativa, la elevación del nivel de vida de todos los habitantes e impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad; dichas falacias contrastan con el enquistamiento del mercado oligopólico, con el “modelo de desarrollo” basado en la acumulación por desposesión, con un sistema de privilegios fiscales para el gran capital (agroindustria, banca, energía, telecomunicaciones, transporte y extractivismo) que tiene cooptado el aparato de justicia y de contraloría pública, a nivel local el cinismo es descomunal.

Por ello, es imperativo romper con la cuasi absoluta dependencia de las transferencias del Gobierno Central a las Municipalidades, crear el marco jurídico-político para que se apruebe el Código Tributario Municipal, el cual sigue engavetado en el Congreso ¿Qué diputados dignos estarían dispuestos a promulgar una ley que atente contra los intereses de sus patrones/financistas, en aras del bienestar común y de la redistribución equitativa de los ingresos?

Con esta ley los gobiernos locales tendrían derecho –en el marco de la política económica nacional– a tener recursos propios suficientes para cumplir con sus funciones, a decretar impuestos ordinarios y extraordinarios (bienes inmuebles y actividades productivas), arbitrios y contribuciones especiales (pago por servicios ambientales) atendiendo las necesidades que tiene el territorio y la comunidad bajo los principios de equidad tributaria y solidaridad, a invertir en proyectos de desarrollo socioeconómico (cooperativas, infraestructura social y productiva, etcétera), tener acceso al mercado nacional de capitales, y conservar/rentabilizar sus bienes naturales.

En síntesis, transitar de una desconcentración administrativa hacia una verdadera descentralización política y fiscal en un sistema finca crónicamente desigual.

framont@gmail.com

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