Miércoles 26 DE Junio DE 2019
Opinión

¿Qué hacer? ¿Qué camino tomar? (IV)

La Constitución vigente desde 1985, no reconoce a más de la mitad de la población del país, que es indígena.

 

Fecha de publicación: 24-12-16
Por: Irmalicia Velásquez Nimatuj

La Constitución Política de la República de Guatemala, como una de las “grandes instituciones sociales” que tiene la responsabilidad fundacional de sostener el andamiaje jurídico y de establecer la división de poderes, debe organizar la vida individual y social, distribuyendo los derechos y los deberes fundamentales en condiciones de igualdad, sin privilegios y sin ninguna distinción para ninguno de los pueblos que integran esta nación.

Sin embargo, en la realidad guatemalteca esto no ocurre. La Constitución vigente desde 1985, no reconoce a más de la mitad de la población del país, que es indígena. Se trata de poco más de 8 millones de mujeres y hombres indígenas para quienes solo el Artículo 58 de la Sección Segunda, les garantiza el derecho a la identidad cultural y los artículos de la Sección Tercera, sobre Comunidades Indígenas, que específicamente son el Artículo 66 que se refiere a la protección de los grupos étnicos; el Artículo 67 que aborda la protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas –que vale agregar, es un artículo constitucional que nunca se ha cumplido, por el contrario, ha sido permanentemente violado en beneficio de la elite agraria nacional y de compañías trasnacionales que no han dejado de despojar por diversas formas a los pueblos de sus tierras y de los recursos que posee el suelo y el subsuelo–; el Artículo 68 que se refiere a legislación y programas de tierra para comunidades indígenas, y el Artículo 70 que plantea que una ley específica regulará lo relativo a los indígenas y, sin embargo, hasta la fecha esta ley nunca fue construida por el Congreso.

En resumen, de más de 280 artículos de la Constitución a solo cinco se reduce la rica, histórica y compleja vida indígena. Con el agravante que ese puñado de artículos no los reconocen como pueblos sino como comunidades. Además, los reduce a grupos étnicos y con una visión colonialista, paternalista y profundamente racista, plantea su permanente promoción y protección. Sí la Constitución es un traje que debe quedar a la medida de un país, en el caso de Guatemala este es ya un traje demasiado apretado, que está a punto de rasgarse.