Lunes 19 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Costo de la consulta popular

El costo de un referendo es de Q300 millones.

 

— MARIO FUENTES DESTARAC
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La consulta popular o referendo es el procedimiento o mecanismo jurídico-político por medio del cual la autoridad electoral somete a consideración de la ciudadanía o de la población, por medio de votación popular, un proyecto de reforma constitucional, de ley, así como un asunto de especial importancia o transcendencia (política, social, económica, cultural o tecnológica).

 Existen dos modalidades de consulta popular: Obligatoria e indicativa. La consulta popular es obligatoria (vinculante) cuando el resultado de la misma supone un cumplimiento forzoso, en tanto que es indicativa cuando el resultado solo sirve para medir preferencias del electorado para una mejor toma de decisiones, sin que exista obligación de acatarlo o cumplirlo.

Conforme la Ley Electoral, ambos referendos, tanto el obligatorio como el indicativo, se deciden por la mayoría absoluta de los votantes, es decir con voto favorable o desfavorable de, por lo menos, la mitad más uno de los votos válidos depositados en las urnas.

La Constitución contempla dos casos específicos en que el resultado de un referendo es obligatorio: La ratificación de las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso y la aprobación del acuerdo definitivo que resuelva la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice. Por tanto, tienen el carácter de referendos constitucionales.

De suerte que la ciudadanía tiene la última palabra, sin importar lo que hubieren decidido o acordado el Congreso en materia de reforma constitucional o, en su caso, el Organismo Ejecutivo en cuestión de la resolución definitiva del diferendo territorial entre Guatemala y Belice.

En Guatemala, se han celebrado dos referendos obligatorios: La consulta popular celebrada el 30 de enero de 1994, mediante la cual se ratificaron las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso el 17 de noviembre de 1993 mediante el Acuerdo Legislativo 18-93, y la consulta popular celebrada el 16 de mayo de 1999, en la que se rechazaron las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso el 26 de octubre de 1998, en Acuerdo Legislativo 41-98.

Por otro lado, la Constitución establece que las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos. En este caso, el resultado del referendo es de carácter indicativo, o sea que debe servir a los representantes políticos (electos o no) como una toma del pulso ciudadano en el proceso de adopción de decisiones.

Actualmente, se proyecta celebrar dos referendos constitucionales. Por un lado, las potenciales reformas constitucionales relativas al sector justicia que apruebe el Congreso; y, por otro, el acuerdo especial de sumisión a la Corte Internacional de Justicia del diferendo territorial entre Guatemala y Belice. Dado que estas materias son totalmente diferentes y podrían llamar a confusión, no sería aconsejable una consulta que abarque ambas decisiones consultivas.

En todo caso, la autoridad electoral estima que el costo de organización de una consulta popular sería del orden de Q300 millones. Esto sin perjuicio de que, conforme la Ley Electoral, la autoridad electoral deberá financiar el “acceso igualitario a los espacios y tiempos en los medios de comunicación social” a los partidarios de las opciones del “sí” y del “no”, bajo los principios democráticos de “distribución igualitaria” y “máxima publicidad”.

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